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La aportación de la DSI a la fundamentación de la política

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Dra. Mª Teresa Compte Grau Lunes, 12 de Septiembre de 2016

XXIII Curso de Doctrina Social de la Iglesia
Fundación Pablo VI, 12-14 de septiembre de 2016


Dra. Mª Teresa Compte Grau
Directora del Máster Universitario en DSI
(UPSA - Fundación Pablo VI)

CONFERENCIA

Desde que León XIII en el siglo XIX se propuso reconciliar a la Iglesia con las libertades modernas, la política desde la perspectiva liberal democrática y constitucionalista ha ocupado uno de los centros teórico-prácticos de la DSI. Libertad de cultos, libertad de enseñanza, libertad de prensa, origen y legitimidad del poder, constitución del estado, pluralismo ideológico y de las mediaciones, autonomía de las realidades temporales, neutralidad de los partidos políticos, autodeterminación y derechos de los pueblos, el debate entre las formas de gobierno, resistencia al poder tiránico, libertad y liberación, reforma y ruptura, guerra y paz son algunas de las cuestiones que el magisterio social de la iglesia ha desarrollado durante casi dos siglos. La mayor parte de estas cuestiones, propias de la Filosofía Política y de la Teoría política, han ido perdiendo relevancia en el mundo de las ciencias sociales. Habría que hacer notar que en el ámbito de la DSI se aprecia una crisis similar a la experimentada en el mundo de las ideas con relación al alcance y validez de la Filosofía política frente a la Ciencia y la Sociología política. Esto excede con mucho el alcance de esta ponencia, pero es un asunto a tener en cuenta para quienes se ocupan de la naturaleza y epistemología de la DSI. No porque la Filosofía Política deje de tener valor, sino porque la búsqueda de un ideal de perfección en el terreno de las ideas y las formas políticas nos ha llevado a la primacía de la idea por encima de la realidad y, por lo tanto, a una visión excesivamente totalizante de lo político a la que seguramente no es ajena la dificultad que tenemos de aceptar que ni la Iglesia es una sociedad perfecta, ni es el reverso de la moneda del Estado.

Octogesima Adveniens, el último gran documento político del Magisterio de la Iglesia, es una muestra de lo que estamos diciendo. Publicada en 1971, esta Carta dirigida al Cardenal Roy, ha sido acusada de poner en cuestión la validez de la DSI. Quizás lo que hizo, merecería la pena estudiarlo, fue, simplemente, actualizarla. Y no precisamente para acabar con ella, sino para permitir que se nutriera de los debates que, que en el ámbito de la Ciencia Política y las Ciencias Sociales, basculaban entre el funcionalismo sistémico, las corrientes normativas y las teorías críticas. OA consiguió posicionar en medio de los citados debates, las tesis del personalismo o el humanismo cristiano. Habría que volver la mirada a los años setenta del siglo pasado para redescubrir el valor y el alcance de de la democracia cristiana y el socialcristianismo en países como España, Chile o Francia, justo en el preciso instante en el que la Nueva Izquierda hacía su aparición en escena. OA consiguió situar en el seno del mundo moderno, marcado por un proceso irreversible de socialización de la política como consecuencia de la irrupción de las masas como sujeto político de las democracias occidentales y los Nuevos Movimientos Sociales, a la acción política cristiana a partir de las enseñanzas del Concilio Vaticano II. OA supo conectar también con las primeras reflexiones críticas acerca de la naturaleza y viabilidad del Estado del Bienestar, se hizo eco de las contradicciones culturales del capitalismo, la crisis de las ideologías y el alcance de la tecnocracia. OA es, además, el documento gestado al socaire del movimiento político y cultural que fue Cristianos por el Socialismo, y en torno a las controversias teórico-prácticas entre el desarrollismo capitalista de las teorías de la modernización y el desarrollismo marxista de las teorías de la dependencia. El espíritu técnico dominante en los modos tecnocráticos de gestión de la política, tal y como Daniel Bell y Herbert Marcuse lo denunciaron, el prevalimiento de la razón instrumental o unidimensional, el olvido del principio de responsabilidad en el uso de los medios, como Jaques Maritain, primero, y Hans Jonas, después, denunciaban, el avance de una sociedad opulenta a la que los pobres no tenían acceso y sobre la que a finales de los 50 había teorizado ya J. K. Galbraith, los desajustes o contradicciones del capitalismo industrial expresadas en forma de degradación del medio ambiente, inflación, recesiones económicas, congestión en las grandes ciudades, incremento del gasto público y migraciones son cuestiones abordadas todas ellas por OA.

La sociedad de la que se ocupó Daniel Bell en El advenimiento de la sociedad Post-industrial (1976), mucho antes de los relatos que al respecto ha escrito Lipovetsky, constituía un orden nuevo de valores que enfrentaba el ahorro y la recompensa derivada del trabajo, a la cultura del disfrute inmediato. La sociedad de consumo vivió un giro hedonista que pasaba de la demandas de bienes,no solo fungibles, sino a las demandas de calidad. Paradójicamente esas sociedades estables que habían conseguido neutralizar el conflicto social gracias al crecimiento económico combinado con el modelo del Estado del Bienestar, engendraron grupos en su seno que reclamaban su transformación por vía revolucionaria. Lo mismo sucedió en sociedades pobres e infra desarrolladas en las que las exigencias de la justicia parecían legitimar el uso de la violencia revolucionaria. De todo esto se ocupó OA.

Desde entonces hasta el día de hoy me atrevo a decir que la DSI ha hecho en muchos casos Teología Política, cuando no se ha limitado a teorizar sobre la ley natural sin avanzar en su dimensión práctica y sin superar el universalismo sin alma, que ya denunciara Maritain en su día. En otros casos ha reducido la cuestión política al compromiso de los laicos, ha pugnado por hacerse un hueco en el concierto político nacional e internacional sin llegar a convencerse de que en una sociedad plural es solo un actor más, y a veces, ni siquiera eso, o se ha limitado a la dialéctica ideológica. Eso ha hecho que cuando ha sido necesario pronunciarse sobre cuestiones de contenido político nos hayamos limitado a citar los grandes principios y a esgrimir la dignidad humana más como un guante que arrojar a la cara del contrario, que como un principio con fuerza históricamente transformadora desde el que poder responder a los grandes desafíos que la política nos plantea a día de hoy.

Quizás haya llegado la hora de entrar de nuevo en el debate de las ciencias sociales y de hacerlo desde uno de los cuatro criterios con los que Francisco ilustra el modo de acción de la Iglesia en el mundo: la realidad es más importante que la idea (EG 231-233). Este principio supone “evitar diversas formas de ocultar la realidad: los purismos angélicos, los totalitarismos de lo relativo, los nominalismos declaracionistas, los proyectos más formales que reales, los fundamentalismos ahistóricos, los eticismos sin bondad, los intelectualismos sin sabiduría. La idea —las elaboraciones conceptuales— está en función de la captación, la comprensión y la conducción de la realidad. La idea desconectada de la realidad origina idealismos y nominalismos ineficaces, que a lo sumo clasifican o definen, pero no convocan. Lo que convoca es la realidad iluminada por el razonamiento. Hay que pasar del nominalismo formal a la objetividad armoniosa. De otro modo, se manipula la verdad, así como se suplanta la gimnasia por la cosmética. (…)”.

Pues bien, atender a la realidad y de manera especial a la realidad política nos obliga a estar pendientes de lo que acontece y de los modos cómo las sociedades en las que vivimos protagonizan y aprehenden esa realidad.

No quiero hablar de la realidad más inmediata. “Si lo local nos hace caminar con los pies sobre la tierra, lo global nos evita caer en una mezquindad cotidiana. Las dos cosas unidas impiden caer en alguno de estos dos extremos: uno, que los ciudadanos vivan en un universalismo abstracto y globalizante, miméticos pasajeros del furgón de cola, admirando los fuegos artificiales del mundo, que es de otros, con la boca abierta y aplausos programados; otro, que se conviertan en un museo folklórico de ermitaños localistas, (…)”.

Por eso me van a permitir que no hable de las sumas aritméticas que impiden la formación de un Gobierno Parlamentario, ni de la sociología electoral empeñada en demostrarnos que las preferencias de los españoles no cambian elección tras elección, o de la cultura política de un pueblo que con sus votos no ha hecho posible la constitución de Gobiernos de mayoría. Digamos que estos asuntos que nos permiten caminar con los pies sobre la tierra, nos hacen comulgar con una mezquindad cotidiana de la que necesariamente debemos escapar.

Así mismo, voy a intentar no repetir, una vez más, los eternos principios de la DSI que de tanto citarlos, ya se nos han olvidado. Hablar de nuevo sobre la política del bien común, o de la participación y la solidaridad y la subsidiariedad o del destino universal de los bienes para fundamentar un orden de la convivencia que ya no existe, es tarea infructuosa. Como infructuoso es apelar a grandes principios que subsisten en el mundo de las ideas pero que cuando queremos llevarlos a la realidad para extraer de ellos su capacidad transformadora o bien les negamos su valor de fuerza histórica, o bien los relativizamos para que no comprometan nuestra propia subsistencia institucional.

Me gustaría hablar de la DSI como fundamentación del obrar de la Iglesia en el mundo, o, dicho de otro modo, de la DSI como preámbulo dogmático o sea, normativo, de la constitución pastoral de la Iglesia. Sé bien que no es eso lo que se me ha pedido. Y por eso, voy a cumplir con el encargo y hablar de cómo debería fundamentarse el orden político desde la DSI o, mejor dicho, para repensar cuál es la aportación de la DSI a la fundamentación de la política.

1. Escrutar a fondo los signos de los tiempos

Decía Pablo VI que el diálogo Iglesia-Mundo pasaba por un encuentro que llevara al reconocimiento y desde allí al amor. La Ecclesiam Suam es crucial para el tema que nos ocupa. Como lo es, a mi entender, el Discurso que Benedicto XVI dirigió al Colegio de Escritores de la Civilità Catolica el 17 de febrero de 2006. Abrir la cultura actual a las verdades de la fe cristiana y hacerlo sin espíritu polémico es nuestro desafío. Para eso hay que regresar, les decía Benedicto XVI a los jesuitas, a los signos de los tiempos. Lo mismo recordaba el Cardenal Cottié el año pasado en la celebración del 50 Aniversario de la GS durante el Simposio convocado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz. Si la Iglesia tiene algo que aportar a la fundamentación de la política, la vida política y la acción política debe

1. escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura y sobre la mutua relación de ambas. Es necesario por ello conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza (GS 4).

2. discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos, de los cuales participa juntamente con sus contemporáneos, los signos verdaderos de la presencia o de los planes de Dios. La fe todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre. Por ello orienta la menta hacia soluciones plenamente humanas. El Concilio se propone, ante todo, juzgar bajo esta luz los valores que hoy disfrutan la máxima consideración y enlazarlos de nuevo con su fuente divina. Estos valores, por proceder de la inteligencia que Dios ha dado al hombre, poseen una bondad extraordinaria; pero, a causa de la corrupción del corazón humano, sufren con frecuencia desviaciones contrarias a su debida ordenación. Por ello necesitan purificación (GS 11)

Si hay que leer y releer una y mil veces los signos de los tiempos, y si la realidad es más que la idea habrá que ir una y mil veces a la realidad no solo para conocerla, sino para amarla porque en ella está Dios y porque es precisamente esa realidad la mediación entre la Promesa y el Cumplimiento, el lugar de la Encarnación, el tiempo y la historia en las que Dios sigue encarnándose.

La DSI debe obligatoriamente dar un salto. Es verdad que la relación entre política, poder y moral, los límites de la obediencia o la obligación política, las cuestiones relativas a la justicia siguen siendo cuestiones clave. No es menos cierto que la validez, alcance y significado de la democracia sigue siendo una cuestión de primer orden. La naturaleza de la democracia y de las decisiones democráticas, las controversias acerca del valor de los procedimientos, las relaciones entre confianza y responsabilidad o la revocación democrática de los mandatos exigen ser pensadas siempre a la luz de la realidad. Pero la política hoy nos plantea grandes retos, más o menos novedosos, que exigen respuestas urgentes, que ya no pueden ser definitivas. El circunstancialismo aparece de nuevo como uno de los más importantes principios de acción para un cristiano. Y para que nadie se confunda, y quede claro de qué hablamos, nada como aprender de la inteligencia práctica de José Mª García Escudero quien al desentrañar El pensamiento de El Debate y en alusión al llamado circunstancialismo o accidentalismo, escribía: Hay quienes tachan a esta doctrina de oportunista y acomodaticia, y “no sólo no lo es, sino que exige caracteres muy templados para afrontar la batalla continua en que se puede convertir si se la aplica rectamente”.

Dicho esto, me gustaría hablar de algunas de esas cuestiones urgentes que se plantean hoy como desafíos o retos. He citado alguno de ellos:

1. La representatividad democrática y la relación entre la confianza depositada y la respuesta responsable, la transparencia, la rendición de cuentas y el gobierno abierto.

2. La relación entre Globalización y política

3. La Identidad nacional, el multiculturalismo y la interculturalidad

4. Los nuevos enfoques sobre los derechos humanos

5. Los medios digitales de comunicación en la configuración del espacio público

6. La sociedad internacional y la democracia cosmopolita

Estas cuestiones no han sido elegidas al azar. En cualquier manual de Ciencia Política o de Teoría Política actual, las cuestiones citadas se recogen en este orden o parecido, con esta formulación o similar. No podemos hablar de todas ellas.

Globalización y Política-Derechos y Participación son hoy dos cuestiones graves que requieren acciones coordinadas por parte de todos los agentes políticos, sociales y económicos que actúan como protagonistas en un orden global. Son esas dos cuestiones las que me gustaría plantear.

La Globalización obliga a replantearse el papel de los Estados Nacionales, el alcance del poder político y el lugar de los citados Estados en el seno de una sociedad transnacional. Esto pone de manifiesto problemas relacionados con la soberanía en el orden nacional e internacional, así como la cuestión de la ciudadanía y los derechos de ciudadanía o el alcance efectivo de los derechos humanos.

1.1. Globalización y Política

La globalización significa, fundamentalmente, relaciones transnacionales marcadas por la interdependencia entre actores distintos que se relacionan más allá de los niveles nacionales y regionales. Esta tendencia, de la que Juan XXIII habló en la Mater et Magistra con el término mundialización y de la que ya en 1931 había hablado Pío XI al referirse a la mundialización de la economía industrial, hace que se multipliquen las relaciones y que sea necesario institucionalizar la coordinación entre los diferentes actores de la sociedad transnacional.

La globalización llega a todas las dimensiones de la acción humana y se manifiesta en lo económico, lo político, el ámbito del derecho, la ecología y lo cultural. Es por lo tanto un fenómeno plural y ambivalente hasta el punto que raya lo paradójico.

Lo más conocido de la globalización es la internacionalización de los mercados financieros y el comercio de los bienes y servicios con la consiguiente división del trabajo propia de este nuevo entramado de relaciones de competencia.

El capital tiene alas, dicen los expertos, está absolutamente desterritorializado y escapa al control de los Estados nacionales y, no solo eso, sino que escapa al control de las propias instituciones financieras porque los negocios se hacen por teléfono o a través de plataformas digitales. Si esto es posible es, precisamente, porque se ha producido un avance tecnológico que ha llevado a una alianza entre sociedad de la información y mercado, similar a la que se estableció entre capitalismo e industrialización y de la que Pío XI habló en Quadragesimo Anno. La diferencia es que en los años 30 del siglo pasado, la alianza entre capitalismo e industrialización fue de la mano de los Estados Nacionales que, tras la crisis del 29, se convirtieron en los garantes del mercado y de su expansión. Hoy, las cosas ya no son así. El Estado Nacional no tiene poder coactivo, ni puede ofrecer a los mercados las herramientas que este precisa para expandirse. Lo que hace, a día de hoy, que el poder político pierda su naturaleza coactiva y no pueda “entrometerse” en las relaciones entre élites transnacionales.

Si la globalización genera desequilibrios o injusticias a nivel internacionales ¿pueden y deben ser los Estados los que corrijan los desequilibrios, reparen las injusticias y restauren el orden? Dicho de otra manera, como dicen los expertos ¿es posible regular la globalización e impartir justicia? ¿Podría el Estado hacer algo en un tercer nivel? ¿Podría el Estado, por ejemplo, optar por los perdedores de estas relaciones descontroladas? ¿Sería posible actualizar la enseñanza de Rerum Novarum 24 cuando al subrayar el servicio del Estado al Bien Común “se atrevía” a ir más allá para decir: “siendo absurdo en grado sumo atender a una parte de los ciudadanos y abandonar a la otra, se sigue que los desvelos públicos han de prestar los debidos cuidados a la salvación y al bienestar de la clase proletaria; y si tal no hace, violará la justicia, que manda dar a cada uno lo que es suyo”?

Los estados nacionales han estado históricamente ligados a un territorio delimitado por fronteras, vinculados a sociedades-nacionales, más o menos homogéneas, caracterizados por un poder coactivo que en la tradición occidental se ha ido conformando como gobierno representativo y como sistemas institucionales cuyas funciones han crecido gracias, al menos en el mundo occidental, en forma de estado del bienestar. Este modelo del bienestar se ha ido apoyando históricamente en políticas económicas keynesianas basadas en el incremento de la participación de la sociedad en lo público mediante transferencias de renta, prestaciones sociales en forma de servicios sociales, sistemas fiscales distributivos y mecanismos solidarios de integración. ¿Qué está cambiando en el tránsito entre el estado nacional al estado postnacional?

1. Los Estados pierden autonomía, la política interna y la política externa se confunden, es preciso caminar hacia formas de integración regional que permitan afrontar los retos y los desafíos vividos al interior de las sociedades nacionales.

2. Los Estados deben gobernar sociedades compuestas por múltiples centros de poder que reclaman altos niveles de autonomía. El reto está en mantener unidas las partes que constituyen el todo social.

La cooperación en el plano internacional obliga a los Estados a una mayor coordinación y gestión conjunta de políticas a las que ya no pueden hacer frente en soledad: defensa, protección del medio ambiente, seguridad, lucha contra el crimen organizado, cooperación frente a la economía criminal, cooperación frente a los delitos de tráfico ilegal y trata de seres humanos son algunas de las cuestiones que reclaman la acción conjunta de los Estados. Sobre todo porque, no debemos olvidarlo, hoy son legión los grupos que operan a escala internacional al margen de la ley.

Para esto, los Estados hoy deben aprender a coordinarse con otros y caminar hacia la cooperación internacional para gestionar mejor las interdependencias globales y, algo muy importante, deben aprender a gobernar con la sociedad incorporando a los actores sociales en los procesos de toma de decisiones. Quizás lo que hoy esté en crisis sea el modelo jerárquico clásico de Gobierno y sea preciso socializar, un poco más, la política. Ayer fueron las masas las que irrumpieron para quedarse y hoy son las organizaciones de la sociedad civil las que solo incorporándose al proceso político de toma de decisiones, ya sea en los ámbitos nacionales, como en los ámbitos de integración regional, dejarán de ser grupos de presión y, por lo tanto, representantes de intereses de parte.

El reto está en evitar la fragmentación que lleva a la pugna entre intereses de parte para promover la integración que lleva a coordinar intereses plurales al servicio del todo. Y en la tarea de coordinación al servicio de la justicia, necesitamos al Estado.

1.2. Derechos y Participación

La lógica de los derechos humanos ha ido alimentando históricamente normas de derecho internacional a través de declaraciones, tratados y leyes nacidas para la protección de los seres humanos que eran víctimas de delitos y persecución en sus lugares de origen. La noción de crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, o de la propia intervención humanitaria son otra muestra del carácter limitado de la soberanía nacional. De hecho las normas de derecho internacional limitan hacia el interior de los Estados el ejercicio de soberanía de los mismos.

Creo que hasta aquí estamos todos de acuerdo. Sin embargo, a día de hoy, la cuestión no es la autoridad de las normas de derecho internacional en la lucha contra los crímenes de lesa humanidad[1], sino el alcance y valor real de los derechos humanos sobre los que se sostiene el derecho internacional humanitario en el caso de aquellas personas no necesariamente perseguidas que como migrantes ven cómo sus derechos pierden efectividad en la medida que dejan de ser ciudadanos. La cuestión hoy es si los derechos humanos solo tienen valor en tanto que somos miembros de una comunidad o si los derechos humanos son en realidad transnacionales.

Digamos que así se plantea el eterno problema, acuciante a día de hoy, entre los derechos humanos como derechos de ciudadanía o el derecho a tener derechos. Pensando en el tema de las migraciones las preguntas son clave para encontrar respuestas justas: ¿cómo se distribuyen los derechos de pertenencia? Existe derecho a migrar pero ¿existe derecho a inmigrar? La Hospitalidad ¿es cuestión de benevolencia o de derecho? Significa que el extranjero no debe recibir un trato hostil al llegar a un territorio que no es el suyo o ¿significa algo más?

Cuando un ser humano abandona su comunidad de pertenencia y emigra y, por lo tanto, se queda “sin Estado” se convierte, automáticamente, en alguien sin derechos. Y cuando a alguien se le niega el derecho a tener derechos se le acaba negando no solo el derecho a pertenecer a una comunidad política, sino el derecho a actuar o a opinar. Digamos que la negación del derecho a tener derechos atenta contra la Libertad Positiva y, por lo tanto, se le niega la participación.

El derecho a tener derechos significa reivindicar el reconocimiento de la condición universal de todos, independientemente de las ciudadanías nacionales. El reto hoy es garantizar el derecho a tener derechos a todos los seres humanos que se han visto obligados o forzados a desvincularse de su comunidad nacional de origen.

En las sociedades burguesas del XIX ni las mujeres, ni los obreros participaban activamente como ciudadanos. Estaban sometidos a la soberanía territorial pero no eran sujetos de la soberanía popular. Esto pasa en nuestras sociedades con otros grupos humanos mayoritariamente vinculados a la emigración. Añadamos a esto, que la negación de los derechos de pertenencia o ciudadanía no es solo, ni fundamentalment,e una cuestión administrativa, sino cultural. En nuestro imaginario político seguimos pensando en sociedades homogéneas y en fronteras rígidas, lo que contrasta con los cambios que la globalización está introduciendo en nuestros modos de asociación y comportamiento político.

Una sociedad transnacional como la que la globalización engendra genera, necesariamente, fronteras porosas y decisiones políticas que caminen necesariamente hacia la integridad política y cultural. Las comunidades nacionales son, a día de hoy, identidades conflictivas compuestas por ciudadanos con lealtades múltiples que solo pueden comprometerse en la medida en la que les sea reconocida su pertenencia a la comunidad de destino.

2. Aportaciones desde la DSI a los retos políticos de presente

1ª aportación

León XIII en RN apunta algo al respecto: la finalidad del Estado es el Bien Común lo que significa que no es un Estado de clase. Pero, en caso de que el Estado tuviera que actuar preferentemente debería hacerlo a favor de aquellos que menos tienen. Si ayer hubo que legislar sobre los derechos de los obreros porque eran los excluidos, hoy habrá que incluir a otros y usar para ello la fuerza de la política y del derecho en un orden de determinación de derechos y deberes que vaya de las declaraciones nominales a la garantía jurídico política de la participación

2ª aportación

Pablo VI en Octogesima Adveniens aportó un término que la DSI ha olvidado desde entonces: el término sociedad política. Esta expresión, tomada de la filosofía política de Maritain, sostiene la tesis de que el Estado es solo una parte del todo. Dicho de otro modo: es la sociedad la que se organiza políticamente. Lo que hace que el Estado sea un elemento más, y solo uno más, de esa sociedad que se organiza políticamente. Esta idea de sociedad política acaba, además, con la noción de soberanía política. Porque, no lo olvidemos, para un cristiano, el soberano solo es Dios. La soberanía, por lo tanto, es una falacia, una construcción artificial cuya única pretensión es la de asegurar la coacción y la supremacía del poder político sobre las partes que constituyen la sociedad.

3ª aportación

Uno de los principios fundamentales de la DSI es la participación. Y esta no significa otra cosa que tomar parte en la gestión del bien común que a cada uno le corresponde. Participar es incluir y no solo a los marginados que viven fuera del sistema y que deben ser incorporados para que puedan participar en igualdad de condiciones, sino a todas las partes que constituyen el todo social. Este es el único modo de salvar nuestras democracias del poder de las élites, de la opacidad de los procesos de toma de decisiones, de la burocratización, pero también de los antisistema que acaban comportándose como minorías intensas y secesionistas que amenazan continuamente con la ruptura cuando sus intereses particulares no se ven satisfechos.

4ª aportación

La DSI reconoce y sostiene la universalidad de los derechos humanos sobre la base de una relacionalidad igualitaria que se basa en la justicia social y que sostiene la superación de la mera equivalencia o reciprocidad del do ut des. ¿Quién debe y puede ser incluido? ¿Toda la humanidad? ¿Cómo se puede conjugar localismo y universalismo? La DSI de la mano de Maritain ha incorporado una tesis de la que no hemos extraído suficientes consecuencias y que Benedicto XVI en algunos de sus escritos de contenido político ha reivindicado: “algo le es debido al hombre por el mero hecho de serlo”.

Un derecho humano es un imperativo moral y reconocerlo así, como lo hace la DSI, implica reivindicar que en tanto que los derechos humanos nos conciernen por ser personas, más allá de credos, lenguas, razas y comunidades políticas de pertenencia, la igualdad en el ejercicio práctico de los derechos al interior de una comunidad dada no puede basarse en la identidad cultural, sino en la diferencia. Somos iguales porque compartimos una naturaleza común y somos sujetos de una misma comunidad de origen y destino. Lo que hace que los derechos humanos deban prevalecer, necesariamente, por encima de los derechos de ciudadanía ligados a una comunidad nacional de pertenencia. “Ningún ser humano es ilegal”, como rezaba la Marcha por la libertad de los trabajadores inmigrantes celebrada el 4 de octubre de 2003. Y si lo es, si estamos dispuestos a negarle el derecho de pertenencia a un ser humano le negamos su derecho a tener derechos y, por lo tanto, contravenimos el principio de la igualdad sustancial de todos y, cómo no, nuestro propio derecho de gentes.

5ª aportación

Los bienes de la tierra, todos los bienes de la tierra, tienen un destinatario universal. Esta cuestión, escasamente tratada en Laudato Si, es, para el tema que nos ocupa algo crucial. El Destino Universal de los Bienes no tiene un significado meramente económico o referido a la posesión o uso de bienes materiales, sino también inmateriales. ¿Estamos dispuestos a aceptar que contravenimos el significado último de este principio cuando en la práctica justificamos que los bienes de la tierra dejan de ser posesión común, fíjense que no digo propiedad, en tanto que existe la apropiación?

La justicia distributiva y la justicia social van más allá de la equivalencia y deben alcanzar, necesariamente, lo global. Los derechos humanos y su ejercicio deben ser distribuidos para que alcancen a aquellos que se convierten en personas sin Estado. En octubre de 2007, si no recuerdo mal, la Comisión Teológica Internacional y Benedicto XVI cerraron definitivamente las puertas del limbo. Esperemos que hagamos lo mismo y con rotundidad similar con el limbo legal al que condenamos a todos aquellos seres humanos a los que condenamos a la categoría de vagabundos que transitan de territorio en territorio porque nadie quiere que sean residentes.

6ª aportación

La superación de la lógica individualista que caracteriza la cultura de los derechos humanos exige reconocer que la vida junto a otros implica un bien social que exige necesariamente la búsqueda del bien del otro. Los derechos humanos no son disponibles. Y esta cuestión, de la que hemos hecho bandera en las cuestiones de género y familia, tiene unas consecuencias sociales de un calado muy profundo y serio. La no disponibilidad de los derechos significa la no disponibilidad de los seres humanos.

Nosotros mismos hemos caído en esta trampa al entrar como elefante en cacharrería en los nuevos enfoques que miran los derechos humanos como respuesta a ideales de autodeterminación individual. La lógica personalista y cristiana es contraria a esta visión porque entiende que somos interdependientes, solidarios, seres comunitarios no independientes, que la libertad se desarrolla en relaciones de reciprocidad de derechos y deberes, no sólo de derechos, que el desarrollo libre de la persona no depende de la voluntad, si no del desarrollo de la naturaleza personal, comunitaria y trascendente del ser humano y que la voluntad no es fuente de derechos porque la existencia de principios heterónomos no son contrarios a la libertad humana, que el bien no se crea o se determina, sino que se descubre porque es la verdad la que nos hace libres, y no la libertad la que nos hace verdaderos, y que no son las diferencias las que nos dan derechos sino una común naturaleza humana.

El personalismo entiende que la lógica de los derechos está sometida a criterios morales de legitimación de su ejercicio práctico por la simple razón de que estos derechos afectan al carácter comunicable de todos los bienes temporales.

Hay que desmontar de una vez por todas las falacias liberales propias de la teoría de la elección racional y demostrar que la pretensión de ampliar a todas las áreas del comportamiento humano el análisis del interés personal es falso. La teoría de la elección racional defiende a los gorrones que se aprovechan de los esfuerzos de los demás, niega la existencia del bien común, defiende una concepción antropológica basada en el individuo que existe solo para sí, desprecia la noción de persona y la relacionalidad y niega la necesidad de bienes sociales y colectivos, al mismo tiempo que se aprovecha de ellos. Insistir en la relación derechos-deberes y educar para el cumplimiento de los deberes como la mejor garantía para el ejercicio de los derechos, tal y como Juan XXIII y Benedicto XVI han sostenido, es una de las mejores y más grandes aportaciones que la DSI puede hacerle a la política de nuestros días.

De ahí que sea tan importante, por ejemplo, que la DSI deje, de una vez por todas, de defender única y exclusivamente la dimensión privada de la familia como la única cuestión preferente y entre de lleno a potenciar su dimensión como sujeto, no solo de derechos, sino de deberes sociales.

 

3. Los males que nos aquejan: Perfeccionismo, rupturismo e ideologismo[2].

En su obra Iglesia, Ecumenismo y Política (BAC, 1987), Joseph Ratzinger se pregunta por qué la alternativa, o mejor dicho, las alternativas cristianas no han encontrado resonancia política en un mundo que ha superado el “peligro teocrático”. La respuesta es inquietante. Dice así: “(…) porque los cristianos no tienen ninguna confianza en su propia visión de la realidad. En su religiosidad privada se mantienen firmes en la fe, pero no tienen el valor de reconocer que esa fe tiene algo que decir al hombre en una perspectiva total, que es también una visión de futuro y de su historia” (282).

En un ejercicio de generalización, me atrevo a sostener que cuando hablamos de política y de acción política, a los católicos nos tientan, en este mundo cambiante y desafiante, tres males. A saber: el perfeccionismo, el rupturismo y el ideologismo.

Los modos de vida y organización política que conocemos no son construcciones perfectas. ¡Gracias a Dios ninguna obra humana es perfecta, plena, total y definitiva! La Doctrina Social de la Iglesia lo enseña cuando nos recuerda que la intrínseca fragilidad de los propósitos y realizaciones humanas, así como la mutabilidad de las circunstancias externas amenazan la vida en sociedad (SRS 38). “Ni la razón ni la fe prometen a ninguno de nosotros que algún día llegará un mundo perfecto”, escribió Joseph Ratzinger. De hecho, continuaba escribiendo en el libro antes citado, que: “Solo son morales aquellos programas políticos que suscitan este valor. Por el contrario, es inmoral el aparente moralismo que solo se satisface con lo perfecto” (227-228). Contar con estos datos no es esignación, ni cooperación con el mal. No contar con ellos es actuar contra la realidad.

Si grave es el perfeccionismo, no es menor el desmadre que provoca el rupturismo que, propiciado desde dentro del mundo católico es, cuando menos, paradójico.

Quien promueve la ruptura, no solo rompe la baraja de la comunión, sino que se sitúa de espaldas a la tradición y a la experiencia y, por lo tanto, de espaldas a la historia que la comunidad católica ha forjado al compás de las circunstancias.

El siglo XX no ha pasado en vano y la reconciliación con las libertades modernas es irreversible. Este es el mejor antídoto contra los maximalismos apriorísticos, ya sean azules o rojos, que constituyen el ideologismo o forma mentis de quienes lejos de dejarse configurar por la verdad de las cosas y de inspirar su acción en unos principios últimos que son de naturaleza religiosa, prefieren la reducción de lo político a lo ideológico olvidando que para un católico la política es acción y no ideología (OA 24-25).

A estas alturas de la historia perseguir el sueño de un ideal cristiano convertido en creencia política es un desatino. “A Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César” (Mt 22, 21). El Nuevo Testamento, lo explica de manera magistral, nos dice Joseph Ratzinger. El Evangelio de Jesucristo “conoce un ethos político, pero no conoce una Teología Política. (…) la política no pertenece a la esfera de la Teología, sino de la ética, y en último término solo puede esperar de la Teología un fundamento” (236-237). Todo para que, como decía San Agustín, y esto es lo verdaderamente importante, “No pierda Dios su moneda en vosotros”.


[1] Es crimen de lesa humanidad —o contra la humanidad— según el Estatuto de Roma de la CPI todo aquel acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, la desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid u otro acto inhumano de carácter similar que cause intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

[2] http://www.paginasdigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=6024&te=16&idage=11078&vap=0

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Fundación

Fundación Pablo VI

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Card. Ángel Herrera Oria

Colegio Mayor

Colegio Mayor Pío XII

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Pío XII

UPSAM

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Univ. Pontificia de Salamanca
Campus Madrid