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La política al servicio del bien común

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Martes, 10 de Septiembre de 2013

XXI Curso de Doctrina Social de la Iglesia
Fundación Pablo VI, 9-11 de septiembre de 2013

Fichero de audio  [mp3 - 15,69 Mb ]

Dr. Rocco D'Ambrosio
Universidad Gregoriana

LA POLÍTICA AL SERVICIO DEL BIEN COMÚN

Les agradezco la invitación a participar en sus trabajos. El tema, que me ha sido propuesto, representa uno de los nudos problemáticos de la relación entre comunidad cristiana y mundo, fe personal y vida social y política. La historia del catolicismo de nuestros Países muestra cómo nunca han faltado en la comunidad pastores y laicos atentos a la realidad sociopolítica con gran formación, sensibilidad y prudencia; pastores y laicos que, en contextos y situaciones diferentes, han podido encarnar el evangelio, ayudando a la realidad social y política a crecer según la voluntad de Dios. Deseo que esta intervención mía y las consideraciones y reflexiones subsiguientes se inserten en esta historia.

Para hablar de política y bien común, nunca como ahora, es necesario volver a reflexionar sobre la información conciliar, que representa la síntesis moderna más esclarecedora en la materia: me refiero a la doctrina expresada en la Gaudium et Spes. El texto conciliar es no sólo un importante documento en la historia bimilenaria de la Iglesia, de atención a la realidad temporal, sino también un punto de referencia de la más viva actualidad, con sus contenidos de fondo y su metodología, válido también para un relanzamiento del magisterio social. En efecto, el Vaticano II, como opinan diferentes y autorizados teólogos e historiadores ha sido un Concilio que ha querido marcar un nuevo principio (Karl Rahner) para todas las actividades de la Iglesia católica, incluida la actividad en el mundo.

Escribe la Gaudium et Spes: “La comunidad política existe  verdaderamente en función de aquel bien común en el cual encuentra su justificación plena y su sentido y del cual deriva su legitimidad jurídica, primigenia y propia”. La concisión de la expresión no quita nada a la profundidad conceptual expresada. A continuación indico algunos aspectos doctrinales tocantes a la relación política – bien común, que constituyen los fundamentos del pensamiento social católico.

1.   La política existe en función del bien común (en el texto latino de Gaudium et Spes, 74: propter illud commune bonum existit). La visión católica del poder se funda en una doble base. El poder tiene su origen en Dios y su finalidad en el bien común. Emerge con extrema claridad cómo los  fundamentos de este pensamiento son: Aristóteles, Santo Tomás y la escolástica. Analizo el enfoque de Aristóteles: la política es el arte que pretende realizar lo hermoso y lo justo de la polis, esto es, su bien que es el mismo que el del individuo (eudemonia) pero es más importante y más perfecto  que éste. Ligar esencialmente la comunidad política a la realización del bien común quiere decir que se tienen como insuficientes e inaceptables las posiciones que presentan algunos elementos del bien común y no su totalidad. Enumeremos y comentemos sintéticamente algunas famosas posiciones histórico-filosóficas:

  • el bien común no es sólo la paz y la defensa, como afirmaba Hobbes en su Leviathán;
  • el bien común no es sólo la tutela de los derechos humanos, como, por ejemplo está esbozado en los textos de la tradición de la Revolución Francesa y de la Americana.
  • el bien común no es sólo la defensa de la libertad, como en la elaboración de Spinoza y Kant.
  • el bien común no es sólo la suma de los bienes materiales del individuo; nos referimos a Bentham y a la escuela.
  • el bien común no pude finalmente se prerrogativa exclusiva de un  estado ético, piénsese en el análisis de Hegel.
  • El bien común no puede ser reducido a solos aspectos materiales y la instauración de nuevas relaciones económicas, según la teoría de Marx.

En el camino de la humanidad estas posiciones doctrinales, además de haber sido discutidas, han originado formas políticas diversas. Con frecuencia se han opuesto pacíficamente, muchas veces se han combatido violentamente. La Pira diría que ellas, en el caso de las democracias después de la segunda guerra mundial, han sido capaces de incorporarlas y forjar la estructura política, jurídica, económica y cultural de los estados.

2     El bien común y el diálogo. La diferencia de tradiciones filosóficas y culturales en el tema del bien común está presente todavía hoy. Y siempre que se encuentra una diferencia  de visión del bien común, es necesario y obligatorio reafirmar el valor del diálogo.

Recordemos aquí la lección de Pablo VI sobre el diálogo: en la Ecclesiam suam, manifiesto programático de cuanto el nuevo pontífice esperaba del Concilio en curso, el papa pone de manifiesto cómo comunidad y cada uno de los creyentes, en el trabajo y en el compromiso social político, entran en contacto con hombres y mujeres de otras culturas y religiones. El diálogo no es la reivindicación o la afirmación, a cualquier precio, de nuestras ideas; sino que es un estilo marcado por la escucha del mundo, por la estima, la simpatía y bondad, por el respeto de la dignidad y libertad ajena y orientado a la exclusión de toda condena apriorística, la polémica  ofensiva y habitual, de toda futilidad de la conversación inútil. En esta línea el papa Francisco ha hablado de diálogo usando estas palabras: “vuestra tarea no es construir muros sino puentes; es la de establecer un diálogo con todos los hombres, también con aquellos que no profesan la fe cristiana, pero “cultivan altos valores humanos”, e incluso  “con aquellos que se oponen a la Iglesia y la persiguen de modos diversos”. (Gaudium et Spes, 92) Son tantas las cuestiones humanas a discutir y poner en común, y en el diálogo siempre es posible acercarse a la verdad que es don de Dios y enriquece mutuamente. Dialogar significa estar convencidos de que el otro tiene algo bueno que decirme, dejar espacio a su punto de vista, a su opinión, a sus propuestas, sin caer, obviamente, en el relativismo. Y para dialogar es preciso bajar las defensas y abrir las puertas. Continuad el diálogo con las instituciones culturales, sociales, políticas, también para ofrecer vuestra contribución a la formación de ciudadanos que tengan interés por el bien de todos y trabajen por el bien común”.

El diálogo no es sólo una actitud antropológica y ética fundamental, es también el fruto de la consciencia de que la ciudad, esto es la comunidad política, pertenece a todos los ciudadanos y ciudadanas que la habitan Y cada una, cada uno es portador de una visión dl bien común. Ninguno puede imponer a los otros su propio punto de vista, sino que todos deben dialogar y elaborar opciones comunes. Las sociedades pluralistas y multiétnicas, como son las nuestras, para evitar formas de fundamentalismo y violencia intelectual y física, deben, dentro del respeto a las propias tradiciones culturales y religiosas, pensar y repensar qué significa hoy el bien común, cómo realizarlo, cómo promoverlo y cómo garantizarlo.

Ejemplo de diálogo, de discusión, de búsqueda de lo que une las diversas posiciones teóricas y prácticas, ha sido en muchos países democráticos la elaboración de la Carta Constitucional (Constitución). Me refiero a aquel fenómeno por el cual las Constituciones  son el fruto de discusión y diálogo, entre las diversas tradiciones culturales y políticas, que han elaborado conjuntamente un proyecto de bien común de alto valor filosófico, jurídico y político. Conozco bien el caso de mi país, Italia, y de otros por cuanto me es dado conocer a por medio de un seminario de estudio que modero en la Gregoriana sobre “Ética política y Cartas Constitucionales”. Por lo que me ha sido dado saber, - si me equivoco, tengan l bondad de  y corregirme – también en la elaboración de la Constitución española ha sucedido algo semejante: tres corrientes filosóficas y políticas han dejado su influencia en el texto constitucional, esto es, el liberalismo, el socialismo democrático y el humanismo cristiano. Esta tradición es continuamente fortalecida y actuada en los procesos políticos y educativos. No sé en vuestro país, pero en Italia debo admitir que mucho de la actual crisis cultural, institucional y política deriva de una falta de educación  y actuación de los principios éticos constitutivos de la comunidad nacional.

En el texto constitucional español he encontrado algunas referencias importantes. Se trata de artículos en los que el concepto de bien común no es citado explícitamente, pero se colige cómo él subtiende la inspiración constitucional:

  • en el preámbulo: La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la Seguridad y promover el bien de cuantos la integran…
  • art. 9: 1.  Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.  2.  Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover  los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.  3.  La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las norma, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Art.  10: 1.  La dignidad de la persona, los derechos inviolables que son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.  2.  Las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos Internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

De los artículos fundamentales de la Constitución deriva la arquitectura del estado democrático y en él toda institución y actividad tiene razón de existir en función de establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran (preámbulo).

Son diversas las cartas constitucionales que muestran mucha sintonía con cuanto la Iglesia católica profesa, o bien con una visión del derecho que tutela “un bien relacionado con el  vivir social de las personas: el bien común. Es el bien de ese “todos nosotros”, formado por individuos, familias y  grupos intermedios que se unen en comunidad social. No es un bien que se busca por sí mismo, sino para las personas que forman parte de la comunidad social y que sólo en ella pueden realmente y de modo más eficaz conseguir su bien “ como ha escrito Benedicto XVI.

3.  En el bien común la comunidad política encuentra su plena justificación y su sentido (en el texto latino de Gaudium et Spes, 74:  suam plenam iustificationem et sensum obtinet).

La comunidad política, como hecho específico humano, tiene necesidad de un sentido. Tanto en la tradición clásica como en la cristiana, su sentido es estar orientada al bien, es decir, hombres y mujeres deben vivir juntos y ejercer toda actividad, toda autoridad a ellos confiado para hacer el bien. Entendida así, comunidad y autoridad son instrumentos para realizar un algo según un proyecto. Por esta finalidad, comunidad y poder adquieren su sentido del bien que llevan a cabo.

Comenzamos por la tradición aristotélica: toda persona en cuanto ser racional (zôon politikôn) vive en la ciudad (polis), que, respecto a las familias y al pueblo, ha logrado la propia autosuficiencia (autarkíias)  y nace y existe para garantizar las condiciones de una buena vida (eû zên). En otras palabras, Aristóteles no logra concebir la realización de una persona, sino en la ciudad y ésta tiene razón de existir porque realiza el bien de los individuos y de la ciudad entera. De hecho, aquél que por primera vez condujo a los otros a formar una comunidad política, fue el autor de un gran bien, porque fue capaz de reunir a las personas para vivir juntas y llevar a cabo una vida virtuosa y feliz. De esto se sigue que la política, y por tanto el poder pertinente, tiene como fin el bien humano (anthropinon agathon). Aristóteles, además, está muy lejos de pensar que, establecida esta conexión teórica, sea todo fácil, como si se dijera que, una vez instituido, comunidad y poder van a ser automáticamente para el bien de todos, políticos y ciudadanos.

La comunidad política realiza su bien bajo la condición de que:

  1. Los ciudadanos y políticos  sean enseñados a vivir virtuosamente, a partir de la virtud de la justicia y de la amistad social. 
  2. se busque y se proyecte la constitución mejor, es decir, el mejor orden administrativo, con el mejor sistema legislativo. Educación y empeño legislativo deben insertarse en un contexto de una continua reflexión filosófica, o sea, de un constante discernimiento y de una frecuente verificación del camino recorrido. En efecto, la esencia de la política puede ponerse en práctica sólo aproximadamente. Diríamos en lenguaje moderno: la política no es una ciencia exacta, no está hecha de dogmas, sino que es un continuo indagar sobre las cosas bellas y justas, que poseen tanta variedad y mutabilidad. Diría Aristóteles: la política es un continuo intento de ponerlas en práctica en lo concreto de la vida de una comunidad.

La relación entre comunidad política, autoridad y bien pertenece también, con diversos fundamentos y finalidades, a la tradición cristiana. Las referencias son muchísimas; me detengo solamente en la lección paulina en la que se afirma que la autoridad  es para tu bien (soi eis tò agathôn). Toda persona, toda comunidad, todo poder proviene de Dios y se vive según su querer. Pero Dios es el bien sumo, por lo cual, todo lo que vine de Él es bien y es para el bien. De esto encontramos miles de testimonios, ya sea en el orden de la creación, ya en el de la Redención, llevada a cabo por Cristo Jesús. Tampoco aquí se quiere decir de ninguna manera que, una vez establecido, una comunidad política va a realizar automáticamente el bien. La historia bíblica conoce diversas infidelidades a este mandato divino, ya sea por el poder ejercido en la comunidad de fe, ya sea en el ejercitado en el ambiente laico. Como en el contexto griego, la comunidad, su poder respectivo serán auténticos solamente en la medida en que todos, líder y seguidores, sean justos, es decir, fieles al querer divino y dispuestos al servicio fraterno.

Las diferentes tradiciones de pensamiento político han añadido al término bien una especificación: común. Entiendo por ello que el poder debe realizar el bien de muchos individuos, o el ben que es común a la multitud que forma una sociedad. Diversa son las concepciones del bien común, como hemos dicho anteriormente. Aquí queremos hacer referencia, en cambio, al hecho de haber sustituido en el contexto actual, la finalidad del bien común por la de la optimización de la utilidad.

La escena política contemporánea, local y/o global, está bastante dominada por la mentalidad liberal y  por el principio de la optimización de los beneficios. En otros términos, muy frecuentemente no es el bien común el que justifica y da sentido a la vida política sino lo es el provecho. Los antiguos llamarían a esta actitud avidez. Es publicitada de mil maneras por las agencias culturales, muchas veces enmascarada por la respetabilidad burguesa, justificada por falsas motivaciones éticas. Nos ha recordado el papa Francisco: “La crisis actual no es solamente económica y financiera sino que hunde sus raíces en una crisis ética y antropológica. Seguir los ídolos del poder, del provecho del dinero por encima del valor de la persona humana, se ha convertido en norma fundamental de funcionamiento y criterio decisivo de organización. Nos hemos olvidado y nos olvidamos todavía de que por encima de los negocios, de la lógica y de los parámetros de mercado, está el ser humano y hay algo que es debido al hombre en cuanto hombre, en virtud de su dignidad profunda: ofrecerle la posibilidad de vivir dignamente y de participar activamente en el bien común.

En los que ejercen el poder la tentación de varios ídolos – poder, provecho, dinero – se hace doblemente fuerte. La del dinero es ante todo un factor natural, es decir, tentación común de apegarse a los bienes materiales;  en segundo lugar es reforzada por un modo de concebir el poder y la política, desligados de toda referencia ética, como enseña Machiavello. En esta situación de ausencia ética, el poder es visto en función de enriquecimiento y conservación propia, o como medio para acrecentar los propios intereses, por lo general, materiales, tanto personales como de grupo. Sabemos bien en qué medida a globalización actual está inspirada en su mayor parte por criterios utilitaristas, que determinan con frecuencia una política rehén de los poderes económicos fuertes. En esta situación no sólo se cometen numerosas ignominias, especialmente con perjuicio de los pobres, sino que se consolida una visión de poder, que encuentra su razón de ser únicamente en acrecentar intereses económicos-financieros. No por casualidad Juan Pablo II afirma que el anhelo exclusivo del provecho y, por otra parte, la sed del poder se encuentran en el panorama de hoy indisolublemente unidos, ya predomine el uno y el otro.

Cuando el magisterio católico reclama el paso  necesario de la economía a la política, lo hace en función de un rescate de la política, como lugar e instrumento, con el cual se armoniza y realiza el bien de los individuos y de los grupos. Sólo la vuelta a la política que gobierna los procesos económicos puede garantizar las condiciones que permiten a todos crecer plenamente como personas y como sociedad. En la visión católica el poder está siempre en función del bien común y nunca en vista del aumento de la ganancia. Por otra parte, también donde la ganancia es legítima, esto es, en la correcta actividad financiera, productiva y comercial, no puede jamás  darse ganancia a cualquier precio, sino que debe respetar  un orden preciso: 1.  trabajador  2.  trabajo  3.  Ganancia. El enfoque moderno está, en cambio, con mucha frecuencia  basado en un orden diverso: 1.  ganancia  2. Trabajo  3.  Trabajador.

 En él la actividad económica tiene un único motor, la optimización del lucro, por lo cual la estructura de las necesidades queda disimulada en una única necesidad, la de la ganancia. El sistema económico no está ya ideado para la satisfacción de las diversas necesidades humanas, sino fundamentalmente para enriquecerse y esta mentalidad invade, corrompe y desnaturaliza diversos sectores de la comunidad política.

Precisa Benedicto XVI: “El objetivo exclusivo del lucro, si mal producido y sin el bien común, como fin último, corre el riesgo de destruir riqueza y originar pobreza”. Y más adelante añade: “La actividad económica no puede resolver todos los problemas sociales ampliando sin más  la lógica mercantil. Aquella tiene como fin la búsqueda del bien común, que responsabilidad  también y sobre todo de la comunidad política.

Hace casi dos siglos que Tocqueville había identificado en esta ansia de lucro la nueva forma, que el despotismo podía asumir en las democracias: “Si intento imaginarme el nuevo aspecto que el despotismo podrá tener en el mundo, veo una muchedumbre innumerable de hombres, atentos sólo a procurarse placeres pequeños y vulgares, con los que satisfacer sus deseos. Cada uno de ellos, manteniéndose aparte, es casi extraño la destino de todos los demás: sus hijos y sus amigos constituyen para él toda la especie humana; en cuanto al resto de sus conciudadanos él está cerca de ellos pero no los ve; los toca pero en modo alguno los siente; vive en sí mismo y para sí mismo y, si le queda todavía una familia se puede decir que ya no tiene patria. Por encima de ellos se alza un poder inmenso y tutelar que solamente se encarga de asegurar sus bienes y de vigilar sobre su suerte”.

No es sólo la descripción de una clase social estadounidense de mediados del siglo dieciocho, es también la fotografía de tantísimos hombres y mujeres contemporáneos, que por una más grande y siempre más grande ganancia económica están dispuestos a sacrificar todo; a sí mismos, el equilibrio psíquico-físico, la integridad moral, el propio honor, las relaciones con familiares y amigos. Don Milani diría que son aquellos muchachos a los que sólo se les ha enseñado a triunfar.

Padres, educadores, enseñantes, políticos, magistrados, directores de consorcios o administraciones públicas, responsables de comunidades de creyentes, de asociaciones o de organismos nacionales o internacionales, líderes de asociaciones y comunidades están llamados a no usar el propio poder para enriquecerse; sino para guardar y emplear honestamente los recursos económicos, según mandato recibido. De otro modo se recae en una terrible e incontrolable espiral de poder y ansia de ganancias, que lleva a la autodestrucción. Lo ha descrito acertadamente William Sakespeare cuando, estableciendo un paralelo instinto del poder e instinto sexual, se expresó en Troilus and Cressida: “Todo se resuelve en el poder, en el poder en egoísmo, el egoísmo en apetito, el apetito, lobo universal, ayudado doblemente por la voluntad y el poder, querrá hacer del orbe entero su presa y al final se devorará a sí mismo”.

4. De la concepción del bien común la comunidad política saca el ordenamiento jurídico primigenio y propio (en el texto de Gaudium et Spes, 74:  ex quo ius suum primigenium et proprium depromit). El bien común es el fundamento ético del contrato social, de la juridicidad. En efecto, afirma Juan Pablo II: “una civilización jurídica, un Estado de derecho, una democracia digna de este nombre se califican, pues, no únicamente por una eficaz estructuración de los ordenamientos, sino sobre todo por su engarce en las razones del bien común y de los principios morales universales escritos por Dios en el corazón del hombre”.

Volvemos a recordar a Aristóteles: la política es la inteligencia práctica (phrónesis) que dispone los medios para el fin personal y comunitario, el bien del individuo y de la pólis. Su disponer los medios es la actividad legislativa (nomothetika). Se sigue de ello que la ley tiene un valor instrumental y está estrechamente unida al fin de la pólis, esto es, el bien. Se sigue también que el bien común es el principio ético de todas las leyes, no sólo de las políticas, sino, dado que hace referencia a la persona y a su bien total, se puede afirmar con razón que atañe a todas las leyes.

Imaginemos una situación de crisis de una realidad familiar, laboral, cultural, religiosa, burocrática o política en la que los miembros han tomado conciencia de las injusticias existentes y quieren evitarla. Normalmente sucede que su atención se concentra ante todo sobre la ley justa que se ha de afianzar o elaborar de nuevo. La ley es así invocada y esperada como el resolutorio – el conocido deus ex machina – capaz de restablecer el orden y eliminar las diversas injusticias, resolviendo prácticamente todos los problemas. Por ejemplo, esto sucede con frecuencia en la organización estatal donde la emanación de una nueva ley, o el endurecimiento de una vigente, son consideradas resolutorios de un problema social o político.

Ejemplos de estas prácticas inútiles y deletéreas se dan en ámbitos legislativos como: corrupción, criminalidad organizada, bioética, fisco. Detengámonos sobre la legislación en materia fiscal, y de la evasión conectada con ella, en los países democráticos. Una nueva normativa fiscal, tendente a luchar contra la evasión, debe tener en cuenta el valor dado por los ciudadanos a la contribución fiscal. Si éste es casi inexistente, es preciso actuar sobre los fundamentos éticos de la vida ciudadana, en primer lugar, el bien común, del cual deriva la obligación del pago de las tasas, más que sobre los medios técnicos para vencer la evasión. En el caso, en cambio, en el que se puede presuponer razonablemente un grado de madurez cívica, se fijará la atención en resaltar los elementos, en su mayoría, técnicos, que favorecen la evasión. No se excluye que la ley pueda tener un carácter disuasivo y que ello contribuya un poco a cambiar hábitos malsanos e ilegales. Sin embargo, no es una ley nueva o un endurecimiento de las penas lo que sana las enfermedades de la sociedad e instaura automáticamente el bien común. Es siempre y solamente la educación (la aristotélica paidèia) la artífice de un nuevo comportamiento (èthos). No se promulga una nueva ley para educar a los ciudadanos en un nuevo comportamiento (èthos), sino que se educa a los ciudadanos  en las virtudes, en primer lugar a los gobernantes, y éstas (virtudes) conducirán a una nueva ley o al respeto de las vigentes.

Si una realidad institucional está afectada por la injusticia, para sanar su enfermedad es indispensable que sus miembros se pregunten sobre el estado general del cuerpo institucional, sobre su estar vivo, , esto es, sobre su orden, sobre su finalidad, , es decir, el bien común, y decidan los remedios para su salud, a saber, la justicia, partiendo y sin prescindir jamás de los datos que resultan de una reflexión más amplia. Es evidente que el procedimiento puede ser, según los casos, implícito o dado por supuesto, en el sentido de que no se tienen razones fundadas para dudar que los miembros del grupo hayan cambiado el enfoque de los principios generales de orden y justicia. En este caso nos concentramos inmediatamente en la eficacia de la ley existente o en la necesidad de elaborar leyes nuevas. La calidad de la nueva elaboración, siempre y sea como sea, dependerá de la calidad de la discusión sobre los presupuestos antropológicos y éticos de la institución. En síntesis, según la visión clásica, el comportamiento (èthos) origina la ley ( nòmos) y no a la inversa.

La ley e siempre el fruto de un camino, sea implícito o explícito. En esta luz comprendemos por qué el Concilio Vaticano II afirma que de la concepción del bien común es necesario sacar el ordenamiento jurídico, primigenio y propio. No es la emergencia la que dicta la ley. Es a concepción del bien común la que se hace ley. La ley no debe contener más que los medios necesarios para realizar el bien común más plenamente y más fácilmente. En esta materia la  claridad aristotélica no teme comparaciones: " Las “eyes se pronuncian sobre todo y tiende a la utilidad común”. El término “leyes” – en el texto aristotélico nòmoi – es entendido, según afirman los comentaristas, como tradición ético-jurídica en la que la ley (nòmos) es el instrumento para la búsqueda de la virtud y por tanto del bien-felicidad en el contexto de la ciudad. En términos aristotélicos, podemos decir que toda ley de una institución es el trazado sobre el cual ella se empeña en caminar para realizar el bien de sus miembros, considerados ya sea en su singularidad ya sea en su vida común institucional.

5.    El concepto del bien común y sus condiciones. Nuestro análisis sería incompleto, si no respondiese, aunque sea brevemente, a la pregunta: pero ¿qué es en el fondo el bien común). “El bien común – afirma el Vaticano II – es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección”.

La visión que se desprende de los dictámenes conciliares es de tipo dinámico. Hablar de condiciones o de logros de una perfección significa insertar la comunidad política en un proceso de crecimiento continuo, atentos tanto a la inspiración filosófica fundante como a la situación contingente. Expresado así, este carácter dinámico nos remite a cuanto la tradición  aristotélica ponía de manifiesto para la virtud y su adquisición. El bien común es una virtud y, como tal, es el manera con la cual una sociedad se cultiva, decide existir y continúa decidiendo de existir, en una constante evolución, sin descuidar la necesaria verificación del camino recorrido. El bien común aquí presentado, además, coloca a la persona ya la sociedad (grupos)

En una relación no antitética. Quedando firme que el bien de la pólis es más grande que el de cada uno de sus miembros, el bien de la persona está en línea sustancial con el de la comunidad y viceversa. Las raras oposiciones entre los dos bienes  no deben nunca llevar a negar un bien con menoscabo de otro, sino que deben ser armonizados y jerarquizados en orden a un bien final y superior.

Nos encontramos muy lejos de una visión utilitarista del bien común como suma de los bienes individuales, según la cual la mejor política es la que procura la mayor felicidad para el mayor número de personas; la peor es aquella que de modo semejante genera la miseria. El bien común no es la simple suma de los intereses particulares, sino que implica su valoración y composición hecha en base a una equilibrada jerarquía de valores. El bien común exige también una exacta comprensión de la dignidad y de los derechos de la persona y de su vínculo ontológico con la comunidad, en razón de su vocación  política.

Una planteamiento semejante se platea en términos críticos también respecto a la teoría contractual, en el caso en que, como en Rawls, se teoriza una concepción del bien común que excluiría a priori el recurso a doctrinas teológicas o metafísicas. Se designaría así una teoría y una praxis política que excluye lo trascendente con todos los riesgos que ya hemos destacado. La esencia del contrato, el núcleo central del Estado de derecho, es para el magisterio de la Iglesia católica un ordenamiento que reconoce una verdad trascendente, de otra manera corre el riesgo de convertirse en totalitario: “Si no se reconoce la verdad trascendente, entonces triunfa la fuerza del poder, y cada uno tiende a utilizar hasta el fondo los medios de que dispone para imponer el interés propio o la propia opinión sin respeto a los derechos del otro.

En este caso el hombre es respetado solamente en la medida en que es posible instrumentalizarlo para la afirmación egoísta. La raíz del totalitarismo moderno, por tanto, hay que focalizarla en la negación de la dignidad transcendente de la persona humana, imagen visible del Dios invisible y, justamente por esto, por su misma naturaleza, sujeto de derechos que nadie puede violar: ni el individuo, ni la clase, ni la Nación o el Estado.

6.    El bien común y el Estado del Bienestar. Otro elemento es puesto de relieve: el magisterio ha intentado traducir a la práctica la indicación ética del bien común, ofreciendo listas sintéticas de condiciones de condiciones esenciales y primarias. El Concilio  habla de cosas necesarias como “el alimento, el vestido, la vivienda, el derecho a la libre elección de estado, y a fundar una familia, a la educación, al trabajo, a la buena fama, al respeto, a la adecuada información, a obrar de acuerdo con la norma recta de su conciencia, a la protección de la vida privada, y a la justa libertad también en materia religiosa”.

Para garantizar tales condiciones, recuerda Pablo Vi, es necesario hacer un camino que lleva de condiciones infrahumanas a situaciones dignas y justas para el individuo y la comunidad: “menos humanas: la carencias humanas de os que están privados del mínimo vital y las carencias morales de los que están mutilados por el egoísmo. Menos humanas: las estructuras opresoras que provienen ya de los abusos del tener o ya de los abusos del poder, sea de la explotación de los trabajadores o sea de la injusticia de las transacciones. Más humanas: el remontarse de la miseria a la posesión de lo necesario, la victoria sobre las calamidades sociales, la ampliación de los conocimientos, la adquisición de la cultura. Más humanas también: el aumento en la consideración de la dignidad de los demás, la orientación hacia el espíritu de pobreza, la cooperación en el bien común, la voluntad de paz. Más humanas todavía: el reconocimiento, por parte del hombre, de los valores supremos, y de dios, que de ellos es la fuente y el fin. Más humanos por fin y especialmente: la fe, don de Dios acogido por la buna voluntad de los  hombres, y la unidad en la caridad de Cristo, que nos llama a todos a participar, como hijos, en la vida del Dios vivo, Padre de todos los hombres.

El convertir en proyecto político y legislación relativa el compromiso del bien común, desemboca, la mayoría de las veces, en lo que es definido Estado del bienestar, o Welfare State, para usar la expresión acuñada por el Arzobispo de York, William Temple,  en un escrito de 1941. Aun estando inspirado directamente en los principios éticos de justicia social, destino universal de los bienes, solidaridad y subsidiariedad, es en la visión del bien común donde el Welfare State encuentra su plena justificación.

El debate actual sobre la crisis encuentra a la Iglesia alineada con parecer de los reconocen los daños provocados por la degeneración del estado Social en Estado Asistencial;  no obstante reafirman  importancia del mismo para responder de manera siempre más adecuada a muchas necesidades y penuria, proporcionando remedio a formas de pobreza y de privación, indignas de la persona humana. Juan Pablo II en un discurso a la Academia Pontificia de Ciencias Sociales tuvo que precisar: “es necesario que la acción política asegure un equilibrio de mercado en su forma clásica, mediante la aplicación de los principios de subsidiariedad y solidaridad, según el modelo del Estado social”. Tal intervención evitará también un sistema de asistencia excesivo, que cera más problemas que resuelve. Si obra así será una manifestación de cultura auténtica, un instrumento indispensable para la defensa de las clases sociales más desfavorecidas, muy a menudo aplastadas por el poder exorbitante del mercado global.

 7.    Cuando se traiciona la finalidad del bien común. Es bueno finalmente recordar que todo poder que no realiza el bien común de manera auténtica, armónica y constante, falla en su misión principal y fundante. El “fallar”, obviamente, puede tomar diversas formas e intensidad: se va de la ligereza y descuido en el ejercicio del gobierno de la comunidad hasta las formas extremas de la perversión del poder. Piénsese en los campos de exterminio, en los genocidios, en las deportaciones, en las depuraciones étnicas, en las ejecuciones sumarias, en las negaciones de los derechos fundamentales, en la criminalidad organizada. Estas cosas son obscuridad completa y maldad sin más. A la cual se accede, según Richter, por medio de una monstruosa obsesión de la voluntad que llega hasta el encarnizamiento destructivo.

Sigo todavía la argumentación de Aristóteles: la ciudad nace para garantizar la buena vida, la vida feliz; quien en ella detenta el poder es constituido para crear las condiciones de la buena vida, esto es, del bien común (tò koinôn symphéron), en la justicia absoluta. De otra manera la comunidad degenera. Las constituciones degenerada (parekbasis) son una forma de perversión que niega la política que existe única y exclusivamente para el bien. El concepto de degeneración en Aristóteles se desarrolla simultáneamente con la identificación de la ciudad mejor, a saber, aquella ciudad donde la naturaleza humana puede realizarse lo mejor posible. Las características de ésta son: la estabilidad legislativa para evitar insatisfacciones y rebeliones consiguientes,; algunas configuraciones prácticas favorables (dimensión de la población y del territorio, colocación geográfica, carácter natural de la población); la calidad de las leyes adoptadas y de la educación allí impartida. En términos modernos diríamos que para Aristóteles la democracia es sana, solamente si se basa en la educación de los ciudadanos, constitución legislativa y administración práctica, aspectos todos que se deben distinguir por su excelencia, en caso contrario la democracia degenera. De este cuadro sintético se colige cómo el poder se pervierte, porque no responde a la finalidad para la cual ha sido instituido. En algunas concepciones modernas reductivas se piensa que la perversión del poder es asignable a factores externos o coyunturas fatales. La historia nos enseña, por el contrario,  que el poder, cuando ha perdido de vista la finalidad del bien, ha experimentado innumerables formas de desorden y perversión.

En el magisterio católico toda  forma degenerada de poder es definida estructura de pecado. La referencia a todas aquellas instituciones señaladas, en el pensamiento y en la práctica, por un estado de desorden que ha adquirido tanta fuerza y firmeza que limita y niega fuertemente la libertad y la dignidad de toda persona. Así (escribe) Juan Pablo II: “Si la situación de hoy hay que atribuirla a dificultades de índole diversa, no está fuera de lugar hablar de “estructuras de pecado”, que hunden sus raíces en el pecado personal y, por tanto, están siempre relacionadas con actos concretos  de las personas que las introducen , las consolidan y hacen difícil el removerlas. Y de este modo ellas se refuerzan, se difunden y se convierten en origen de otros pecados, condicionando la conducta de los hombres. “Pecado” y “estructuras de pecado” son categorías que con frecuencia no son aplicadas al mundo contemporáneo. No se llega, sin embargo, con facilidad a la como prensión profunda de la realidad, como se presenta a nuestros ojos, sin dar un nombre a la raíz de los males que nos afligen.

Con relación a estructuras que viven un desorden consolidado y difícil de remover, que son fuente de otros pecados, los ejemplos podrían ser muchos: de las familias de la criminalidad organizada a las organizaciones internacionales, que bloquean el desarrollo de países pobres; de las asociaciones para delinquir, que tienen como rehenes a poblaciones y territorios, a las opciones de algunos políticos, que defienden con  todos los medios las situaciones de injusticia y de guerra presentes en el mundo. Obviamente víctimas de esta doble actitud de pecado son no sólo los individuos; pueden serlo también instituciones más grandes como las de tipo imperialista. En ellas ciertas decisiones, inspiradas aparentemente solamente por la economía o la política, esconden verdaderas formas de idolatría: del dinero, de la ideología, de la clase, de la tecnología.

La referencia a varias idolatrías, que algunos poderes perpetran en el mundo se presenta como invitación a no hacer análisis superficiales de las perversiones del poder, de la traicionar la finalidad del bien común, sino a saber relacionar toda clase de desorden, perversión y corrupción con motivaciones profundas, en raizadas en el campo racional, emotivo y utilitarista de la persona humana. Una larga y con frecuencia misteriosa cadena une el mal público con el personal, sus formas macroscópicas  con las microscópicas. Porque, como diría Sakespeare por boca de su Macbeth: “Lo que en el mal nace, en el mal crece”.

8    Coclusiones. Para concluir me parece hermoso reafirmar nuestros compromisos por el bien común y proponer, educar y promover una política al servicio del bien común, en el que todos seamos ciudadanos responsables y activos. Es cuanto nos recuerda Giuseppe Lazzati: “Digo que si somos católicos y como tales capaces de comprender que la política tiene como fin último el bien común, el cual justamente porque común no es sólo de una parte, deberíamos pensar que es necesario estar todos dispuestos sin prejuicios a hacer algún sacrificio en orden a aquel bien.  Sí, sabemos que el bien común es tal  que en una determinada circunstancia  puede exigirnos grandes sacrificios. Lo saben los que por el bien común han entregado la vida; lo saben los que por el bien común han soportado incomodidades muy graves en la cárcel, el destierro, en los campos de cautiverio o de eliminación, con tal de  lograr la libertad como bien supremo para el propio país. A veces no querríamos aceptar el principio si se aplica a los otros y no toca a la propia persona. Con esto no digo que nosotros no debamos manifestar nuestro parecer, como si uno tuviera que fiarse ciegamente del partido a quien hemos dado el voto; que no debamos hacer oír nuestra voz para denunciar rumbos políticos que nos parezcan equivocados; es deber de conciencia hacerlo. Pero esforcémonos por difundir en nuestro ambiente aquel sentido que solamente permite consumar realmente una unidad entre los católicos, como unidad de los que saben sacrificar algo propio, con tal que se obtenga, todos juntos, una fuerza mayor y por tanto una validez de acción que permita nuevos desarrollos del bien común de todo el país”.

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