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DSI en los cinco continentes: Europa

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Jueves, 02 de Febrero de 2012

 

EUROPA

El crucifijo y Europa

El 3 de noviembre de 2009, la Sección Segunda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), interpelada por Soile Lautsi —una ciudadana italiana de origen finlandés, socia de la UAAR (Unión de Ateos y Agnósticos Racionalistas, que desde hace años promueve la campaña «¡Descrucifiquemos Italia!», con la intención de quitar todos los crucifijos de los edificios públicos)—, dictaminaba que la presencia de esa cruz en las escuelas italianas constituía «una violación del derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones», así como «una violación de la libertad de culto de los alumnos». El caso había empezado en Abano Terme, en el Véneto, en 2002, y todas las autoridades italianas que habían sido llamadas a expresarse hasta entonces habían coincidido en la misma posición, opuesta a la de los jueces europeos. Así, primero la dirección de la escuela estatal se había negado a quitar el crucifijo de la pared, invocando la legislación vigente en la materia; después, una circular del Ministerio de Educación había reafirmado su exposición, legitimada y argumentada jurídicamente, por último, en un breve lapso de tiempo mediante sendos pronunciamientos del Tribunal Administrativo Regional (2005) y del Consejo de Estado (2006), órganos ambos notoriamente no confesionales.

El Gobierno italiano, haciéndose intérprete de la indignación popular y reforzado por un apoyo político por una vez generalizado, el 29 de enero de 2010 presentó recurso ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo, que el 30 de junio de 2010 emitió el veredicto final. El Gobierno italiano no estuvo solo: apoyaron su acción otros diez estados (Rusia, Lituania, Malta, San Marino, Bulgaria, Mónaco, Chipre, Grecia, Rumanía y Armenia), que durante la audiencia pública presentaron, como tercera parte, «memorias escritas» en apoyo de la presencia pública del crucifijo. También fueron oídas otras asociaciones activas en el campo de los derechos humanos y varias ONG internacionales.

A la espera de la sentencia, se sucedieron intervenciones y declaraciones por parte de las máximas autoridades institucionales, civiles y eclesiásticas. Causó sensación, por ejemplo, la intervención del jefe del Estado italiano, Giorgio Napolitano, quien, aun no siendo personalmente creyente, subrayó que «la laicidad de Europa no puede concebirse [de forma que] hiera sentimientos populares y profundos», añadiendo que la cuestión de los símbolos religiosos, precisamente debido a su especificidad histórico-cultural, puede afrontarse «más oportunamente en el seno de cada Estado», respetándose así el principio de subsidiariedad, que debería ser uno de los ejes del marco comunitario europeo.

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), el cardenal Angelo Bagnasco, recordó la exigencia de respetar «la libertad religiosa y las tradiciones de los pueblos» conforme a una lógica inclusiva y no discriminatoria, universalmente derivada precisamente del símbolo impugnado.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) subrayó el alto valor educativo que el crucifijo representa en un contexto social en vías de disgregación, y cómo genera «el altruismo y la generosidad más acendrados, así como una sincera solidaridad ofrecida a todos, sin imponer nada a nadie». El Sínodo del Episcopado Griego emitió un comunicado en el que insistía en el hecho de que «el respeto recíproco de las tradiciones religiosas es necesario en una sociedad que se está volviendo cada vez más multicultural». Por último, el cardenal Julián Herranz, antiguo presidente del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, vio en la sentencia europea una manifestación de fundamentalismo laicista, fruto del relativismo contemporáneo, que acaba haciendo del ateísmo «una especie de religión de Estado», despreciada en primer lugar por los no cristianos y por los musulmanes, quienes —como demuestran recientes casos franceses— prefieren trasladar a sus hijos a escuelas católicas antes que dejarlos ante la pared blanca de una escuela estatal que impone a todos programas de sexualidad y preservativos, pero que no tolera que nadie pronuncie el nombre de Dios.

El arzobispo Giampaolo Crepaldi, presidente de nuestro Observatorio, emitió el siguiente comunicado: «La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos según la cual hay que eliminar los crucifijos de las aulas es profundamente errónea. La exclusión de los símbolos religiosos de los locales públicos es, en sí misma, una acción que expresa absolutidad e integrismo. Lejos de ser índice de laicidad, lo es de arrogancia del poder político, que quiere imponer una plaza pública sin religión. Bajo el pretexto de no discriminar a los fieles de otras religiones, se discrimina a la religión como tal, reduciéndola a un hecho privado. En el caso de Europa, además, la religión cristiana es elemento constitutivo de su misma cultura social y política. Sin raíces no hay libertad; sin identidad, no hay diálogo auténtico. Pero el motivo aún más importante por el que la sentencia del Tribunal debe considerarse errónea es que la razón política, al proclamar su indiferencia hacia todas las religiones, se declara impotente para valorar racionalmente las propuestas religiosas. El cristianismo no le pide a la razón política que acepte su presencia histórica sólo por motivos históricos y culturales —las “raíces” europeas—, sino porque ayuda a la sociedad a ser mejor, contribuye al bien común, eleva las almas hacia todo lo verdadero y bueno: es decir, por su verdad. El crucifijo representa la verdad de lo humano: indica a todos, creyentes y no creyentes, los valores de la vida y del amor. Una razón política indiferente a las religiones o que redujera estas a sentimiento privado, renunciaría ante todo a sí misma, a su capacidad —laica y racional— de captar la verdad de las religiones y en las religiones. Pero una razón política tan débil resultaría peligrosa, ya que, falta de fe en sí misma, cedería en muchos otros puntos en los que está en juego la dignidad humana». En el juicio de apelación del 30 de junio de 2010, la Gran Sala del Tribunal, con composición ampliada (y por quince votos sobre diecisiete), estableció que el crucifijo puede permanecer legítimamente en las aulas italianas, ya que con toda evidencia no viola —como sostenía, en cambio, la apelante— ninguna libertad de conciencia. Más específicamente, la sentencia del Tribunal Europeo, definida como histórica por la Santa Sede, demuestra con autoridad que la cultura de los derechos humanos (la misma que históricamente está en el origen de la institución del Consejo de Europa) no puede ni debe «contraponerse a los fundamentos religiosos de la civilización europea, a la que el cristianismo dio su aportación esencial», y ha marcado, en este sentido, una inversión de tendencia providencial. Además, con este pronunciamiento, el Tribunal reconoce expresamente la existencia positiva del principio de subsidiariedad en el ámbito europeo y lo hace valer concretamente, respetando la libertad y la identidad (cultural e histórica) de cada Estado. Por último, la sentencia ha introducido la exposición pública de los símbolos religiosos, oportunamente y a pleno título, en el ejercicio propio de la libertad religiosa, como diciendo que no puede existir la una sin la otra, incorporando así una coherencia global a la incierta estrategia europea en esta materia (Omar Ebrahime).

Francia: También durante 2010
prosiguió la lucha por un domingo sin trabajo


Tras la aprobación en Francia de la Ley Mallié, de 1 de agosto de 2009, el debate sobre la apertura dominical de las tiendas habría debido acabar. Pero, lejos de hacerlo, sucedió más bien lo contrario. Nadie pensó que se tratara de reintroducir la antigua ley de 1906, que prohibía el trabajo dominical excepto en los cafés y en las tiendas de barrio. Hecho aún más inesperado, nadie pensó en los beneficios derivados de los numerosos recursos presentados en 2010, de los que dieron amplia referencia la prensa y los adversarios de la ley, entre los que figuran la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos (CFTC), el colectivo de los Amigos del Domingo y la Fundación de Servicio Político.

La fase judicial de las protestas contra el trabajo dominical muestra con gran claridad la injusticia de una ley que pretende simplificar y regular absurdidades. Ha ido incrementándose constantemente una nueva toma de conciencia de los valores sociales inherentes al hecho de dejar libre de trabajo este día «especial».

¿Una feliz coincidencia? En su visita a la sinagoga de Roma del 17 de enero, el Papa nos recordó los fundamentos religiosos del domingo. Refiriéndose a los tesoros que comparten judíos y cristianos, Benedicto XVI reafirmó sin ambigüedad «la centralidad del Decálogo como mensaje ético común de valor perpetuo para Israel, la Iglesia, los creyentes y toda la Humanidad». Así, al obedecer, por ejemplo, al tercer mandamiento, que atañe a la prohibición de trabajar en el Día del Señor, judíos y cristianos practican la justicia y la misericordia. Respetar dicha prohibición, que no se reduce exclusivamente a la prohibición del comercio, significa no alinearse con la lógica del mundo. Su valor universal nos dice que constituye un bien para todos los hombres, y no solo para los cristianos.

Indudablemente, el Papa intenta bloquear los falsos caminos morales y teológicos que amargan la vida a los partidarios del domingo laboral: materialistas que pretenden relegar la defensa del domingo a una moral de la convicción, cristianos desencantados que intentan organizar la derrota del domingo proponiendo las «asambleas dominicales en ausencia de curas» (ADAP), sin Eucaristía. La Conferencia Episcopal Francesa es sensible al compromiso que exige la ubicación del domingo en el seno de la vida social: se ha instituido, en efecto, un Grupo de Trabajo episcopal sobre las «asambleas dominicales», presidido por monseñor Christophe Lagleize, obispo de Valence. Extrañamente, sin embargo, en noviembre de 2010, el autor de un libro cuyas conclusiones son discutibles fue invitado a hablar como «experto» ante la Asamblea Episcopal en Lourdes. Según el padre François Wernert, autor del libro Le Dimanche en deroute – Les pratiques dominicales dans le catholicisme français au début du troisième millénaire (Médiaspaul, 2010), su «trabajo ha mostrado claramente las limitaciones de la opción [de un domingo] “todo eucarístico”» (sic) (p. 441). Tras algunas propuestas de esquemas de liturgias dominicales sin Eucaristía animadas por la «preocupación de la dimensión de memorial», él propone un rincón de pastoral práctica: «Salir de la lógica del [domingo] “todo eucarístico” o nada».

EN EL FRENTE EUROPEO

Como en Francia la ley parece haber disipado todas las esperanzas, se ha organizado un frente europeo que exporta allende las fronteras la batalla por el domingo, permitiendo así retomar la iniciativa, especialmente mediante el lanzamiento de una petición «cívica». La I Conferencia Europea para la Protección del Domingo sin Trabajo tuvo lugar el 24 de marzo de 2010 en el Parlamento Europeo, en Bruselas. Organizada por el diputado Thomas Mann (PPE/UDC), vicepresidente de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, la reunión tuvo un gran éxito, con 350 participantes y su llamamiento Call for a work-free Sunday. Estuvieron en primera línea alemanes y austríacos, pero también los franceses se mostraron muy activos. Asimismo, estaba presente la COMECE.

El joven eurodiputado bávaro Martin Kastler, que había sido —junto con Anna Zaborska, Jean-Louis Cottigny, Patrizia Toia y Konrad Szymanski— uno de los impulsores de la declaración contraria al proyecto de extensión del trabajo al domingo en Europa, lanzó la petición «Maman et papa sont à nous le dimanche!». La agencia internacional Zenit relanzó esta petición en inglés, alemán, italiano y español. Muy atento a las raíces cristianas de Europa, el eurodiputado hace hincapié en la función social fundamental del cristianismo y de sus beneficios sociales, especialmente para la familia, al tratar de garantizar a todos los ciudadanos de la Unión un domingo no laboral, reservando un día de la semana para lo más «elevado» y «superior» que existe en la vida humana. El eurodiputado recuerda que se trata de un pilar fundamental, de un cimiento esencial del modelo social europeo.

El proyecto Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) utilizó por vez primera el artículo 11.4 del Tratado de la Unión Europea y consiguió —aun cuando los enfrentamientos jurídicos no hayan terminado— recoger más de un millón de firmas de ciudadanos de países miembros de la UE. Se tratará de ver si, una vez examinado por la Comisión Europea, esta decide tener en cuenta la voz popular sin pasar por el Parlamento, poco entusiasta de la ICE. No hay nada seguro respecto a las obligaciones de la Comisión en caso en que las acciones jurídicas contra la ICE se incrementaran. ¿Es la ICE un auténtico instrumento de democracia participativa o solo una hábil operación de comunicación? El tiempo lo dirá.

En todo caso, los defensores del domingo no laboral han comprendido que su batalla en el marco de una ICE no podrá organizarse sino alrededor de las competencias de la Unión Europea, partiendo de la sanidad, la libertad religiosa, la tutela de la mujer, la conciliación entre vida personal y vida laboral, el compromiso político, el voluntariado. Además, los defensores de un domingo sin trabajo no son tontos, y saben muy bien que el itinerario está plagado de obstáculos: Francia votó la ley bajo presiones europeas, pero Europa invoca hipócritamente el principio de subsidiariedad cuando Francia se dirige a ella para pedirle que asuma sus propias responsabilidades.

AUMENTA EL NÚMERO DE ÉMULOS

A finales de 2010, la defensa del domingo no laboral en Francia halló nuevos valedores cuando la prometida creación de nuevos puestos de trabajo se reveló muy lejos de realizarse. En la vanguardia figuran siempre los grandes almacenes de París, respaldados por el Comité Haussmann, muy activo en su pretensión de que el barrio homónimo sea declarado «zona turística ». La guerra con el Ayuntamiento de París está abierta. Bertrand Delanoë (PS) y Lyne Cohen-Solal, su concejala delegada de Comercio, Artesanía y Profesiones, se mantienen firmes.

También la cuestión de las supérettes (superservicios o puntos de venta en autoservicio de mediana extensión) agita los ánimos. Hasta el 10 de agosto, estas abrieron ilegalmente hasta más de las 12 del mediodía los domingos por la mañana. La nueva ley legalizó el horario ilegal y autoriza ya la apertura hasta las 13, aunque las supérettes querían obtener más, abriendo ilegalmente toda la tarde. En Albertville, el 21 de febrero de 2010, los cajeros de los almacenes ED llevaban en huelga veinte semanas consecutivas. Su lucha adquirió un valor simbólico.

Volviendo a París, nos encontramos con el proyecto de una zona «hipercentro» abierta los domingos. En 2009, las reflexiones emprendidas para llegar a lo que hemos llamado la «generalización de las derogaciones » han obligado a la Cámara de Comercio e Industria de París (CCIP) a «identificar los nuevos perímetros de las zonas turísticas teniendo en cuenta el interés cultural, arquitectónico e histórico, la densidad comercial y las capacidades de acogida del sector». De ahí la propuesta de la CCIP de «realizar un área de “hipercentro” en la que sea posible la apertura dominical no como una obligación, sino como un derecho». No una obligación, sino un derecho de apertura: ¿cómo no pensar que ese derecho de apertura se convertirá en obligación?

CONSTITUCIONALIDAD

¿Tales derivas en los reglamentos guardan conformidad con los principios básicos del derecho francés? Esta es ya la cuestión suscitada por los sostenedores del descanso dominical, preocupados por un nuevo elemento de derecho: la «cuestión prioritaria de constitucionalidad» (QPC). «Desde el 1 de marzo de 2010, cualquiera puede sostener, con ocasión de una instancia ante una jurisdicción administrativa o judicial, “que una disposición legislativa pone en peligro los derechos de libertad garantizados por la Constitución” en aplicación del artículo 61.1 de dicha Constitución». Esta fue la reacción del abogado del Comité de Enlace Intersindical del Comercio de París (CICL-P) durante una audiencia pública celebrada el martes 26 de octubre de 2010. En efecto, el Tribunal Supremo francés ha transmitido al Tribunal Constitucional una cuestión preliminar y prioritaria de constitucionalidad en relación con la apertura dominical de un punto de venta alimentario.

¿El descanso dominical sería, pues, inconstitucional? Puede serlo: «La lógica es siempre la misma —dice el abogado—. Se da por sobrentendida, en la medida en que el derecho al trabajo constituye un obstáculo a la libertad de empresa. Impedir a unos grandes almacenes abrir los domingos al no poder emplear a asalariados, significa un impedimento para los negocios». Pero contraponer de esta manera consumidores y asalariados significa olvidar que el consumidor, a menudo, es también un asalariado. Si el Estado francés hubiera de declarar inconstitucional el descanso dominical, se enfrentaría sin duda a dificultades ante los compromisos internacionales de Francia. «Y es que el Estado se comprometió a garantizar el descanso periódico de los “trabajadores” (este es el término internacional) —concluye el abogado— al firmar en 1971 una Convención de la OIT aplicable al sector del comercio y de las oficinas, que retoma otro compromiso en relación con la industria. Ahora bien: sobre la base de esa reglamentación, hay que garantizar un día de descanso común a toda la sociedad. Por tradición cultural, en Europa se piensa que ese día de descanso tiene que ser el domingo».

El balance de la ley de 2009 queda, pues, muy mitigado, a pesar de las afirmaciones según las cuales la ley no habría modificado en gran medida el dato y no habría tenido el impacto previsto. ¡En realidad, se trata de una cortina de humo para calmar el descontento unos meses antes de la cita con las urnas! Los defensores del domingo no laboral recuerdan a cada paso que el domingo es signo de una civilización avanzada que protege a sus ciudadanos más débiles. Mal que les pese a quienes estarían gustosamente dispuestos a alinearse con los Estados Unidos o con Gran Bretaña, el domingo es un gran signo de modernidad, y el hecho de querer socavarlo significa que nuestra «modernidad» no goza de buena salud. Defender el domingo y preservar también todos los días festivos —que en Francia son once, y no todos de origen religioso— nos obliga a pensar en «una moralidad de la modernidad». Vivir conforme al domingo es cuestión decisiva para toda la sociedad. (Hélène Bodenez)

España: la nueva ley del aborto


En España, a partir del 5 de julio de 2010 entró en vigor una ley que permite el aborto hasta la 14ª semana sin ningún motivo y hasta la 22ª en caso de riesgos para la madre o si el feto presenta malformaciones; excluye a los padres de las menores del ejercicio de la patria potestad, aunque prescribe que estén informados de las decisiones de sus hijas. Pero ¿qué puede razonablemente esperarse de un ambiente cultural que ha dejado de hablar de «papá» y «mamá» y los llama «progenitor A» y al «progenitor B», ya que considera totalmente accesorio que sean un hombre y una mujer?

La ley, fruto de una deriva antivida que desde hace unos años se ha traducido en furor legislativo, pese a haber sido desde su borrador fuertemente criticada por muchos, no ha acogido ninguna de las recomendaciones de prudencia y de defensa de la vida que la sociedad española había expresado. Zapatero y su Gobierno, al tiempo que asienten cortésmente en sus encuentros con eclesiásticos y con el propio Santo Padre, prosiguen en su marcha de destrucción del etos de una generación, cuando no de un pueblo. El año pasado, los grandes primates (chimpancés y orangutanes) recibieron del Parlamento español el reconocimiento de algunos derechos humanos, entre ellos el de la vida: hoy los fetos humanos españoles se ven negada semejante tutela.

Las agencias de prensa han referido las declaraciones del jefe del Gobierno español, quien define la nueva ley como «de prevención, de seguridad y europea», al tiempo que la ministra de Igualdad —ministerio encabezado, ¡faltaría más!, por una mujer— la describe como «totalmente garantista y plenamente respetuosa con los límites impuestos por el Tribunal Constitucional»: de dimensión ética, ni una palabra siquiera. Como queriendo decir que lo importante es estar a la altura de la deriva mortífera europea: aborto, anticoncepción abortiva, eutanasia, mortificación de la familia.

Hace veinticinco años, España se dotó de una ley del aborto que desde 1985 ha permitido la interrupción voluntaria del embarazo a 1,3 millones de mujeres, según datos oficiales: se trataba de una ley de despenalización parcial, del inicio de ese plano inclinado que, en el campo ético, siempre ha allanado el camino a medidas cada vez más radicales. En toda Europa, los temas éticamente sensibles —eutanasia y aborto de especial manera— se han afrontado siempre invocando una apertura a la «comprensión», a la «tolerancia», sirviéndose a veces de los episodios más emotivos, de historias conmovedoras y hábilmente publicitadas: los denominados «casos piadosos», que tanto daño han causado a una seria y razonable estimación de los valores que están en juego.

La Conferencia Episcopal Española alzó su voz con un documento muy articulado y rico desde el punto de vista antropológico, que no expresa tan solo la opinión de una sensibilidad religiosa particular, sino que interpreta —según dicen los sondeos— la del 70% del electorado español, en el que se incluye un porcentaje importante de socialistas. Es la esperanza de la que partir; es lo que consuela al «pueblo de la vida y para la vida», que en España se movilizó una vez más con manifestaciones callejeras, con manifiestos públicos firmados por cientos de catedráticos y científicos, con sondeos publicados por la prensa. Se recurrirá ante el Tribunal Constitucional para intentar bloquear la ley, empleando como es debido los procedimientos jurídicos, ya que también desde este punto de vista aparecen lagunas y defectos relevantes, como una gran marginación —casi una exclusión— del derecho a la objeción de conciencia por parte de médicos y agentes sanitarios, lo que constituye la enésima confirmación del carácter ideológico de una ley que no se interesa por la única prevención auténtica y eficaz del drama del aborto: la laboriosa, pero ineludible, educación de la persona, y un ejercicio responsable de la sexualidad.

A propósito de objeción de conciencia, el cardenal Cañizares, al clausurar los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, recordó el concepto de que una ley injusta no obliga a la conciencia, sino que obliga a la objeción de conciencia. Y es que una ley injusta, en el sentido de que niega un derecho fundamental de la persona como el derecho a la vida, ni siquiera es una ley. Precisamente con el fin de organizar la objeción de conciencia a la nueva ley del Gobierno de Zapatero, el Centro Jurídico Tomás Moro de Madrid publicó una Guía de objeción de conciencia sanitaria al aborto, subtitulada Cómo afrontar deontológicamente la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva. (Chiara Mantovani)

Italia: Nuevos conflictos sindicales.
Tres orientaciones inspiradas en la Doctrina Social de la Iglesia


Durante 2010, el mundo sindical italiano se encontró enfrentado a opciones que socavaron su unidad, y hasta se abrió un frente potencialmente conflictivo en relación con el Convenio Nacional de un sector auténticamente simbólico como el de los trabajadores de la industria metalmecánica. Nos referimos a la denuncia, por parte de la Federmeccanica (la organización patronal del sector), del Convenio Nacional a partir de su vencimiento (es decir el 1 de enero de 2012) y la consiguiente ruptura del frente sindical, con las organizaciones sindicales CISL (Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores) y UIL (Unión Italiana del Trabajo) abiertas a una nueva confrontación y la FIOM-CGIL (Federación de Empleados y Obreros Metalúrgicos – Confederación General Italiana del Trabajo) lanzada hacia un choque frontal. A ello se añaden otras señales recibidas con anterioridad, con la violenta protesta contra el secretario confederal de la CISL Raffaele Bonanni en Turín, o como la cuestión de la planta de la FIAT de Pomigliano d’Arco, otro caso en que los sindicatos confederales no lograron hallar una línea común, dejando sola una vez más a la CGIL, tercamente atrincherada en posición contraria.

Obviamente, la cuestión no guarda relación tan solo con el convenio de los trabajadores de la industria metalmecánica, sino que se extiende, siguiendo una dirección lógica, a toda la cuestión de las relaciones sindicales, de las relaciones empresa-trabajadores, que si resultan cruciales para la dinámica de desarrollo de la empresa, aún más lo son en un momento crítico para el crecimiento económico como el actual. La cuestión puede afrontarse partiendo de un triple orden de consideraciones, de importancia creciente. En primer lugar, y aun reconociendo al sector metalmecánico en cuestión una importancia histórica primaria en el desarrollo de la economía nacional, hora es ya de desmitificarlo. Es preciso salir, por fin, de esa dimensión épica de las relaciones sindicales «con los monos azules en la plaza»: se trata de una visión indisolublemente ligada a un escenario económico que no existe ya. Recurriendo a un eslogan, sería hora de «desFiatizar» la cuestión sindical: el sindicato —cosa de la que la CGIL no parece darse cuenta— no necesita, para existir, un enemigo «grande y feo», sino que precisa competencia, autoridad y credibilidad para dialogar con los interlocutores institucionales y, sobre todo, con los mismos trabajadores.

En segunda instancia, parece necesario volver a encarrilar las cuestiones sindicales por el cauce del que proceden, es decir el de las políticas y estrategias sindicales; de no ser así, todo conflicto —real o presunto— significa, para Italia, la apertura de un escenario de enfrentamiento político, necesario a este o a aquel político para conquistar un espacio de visibilidad y, posiblemente, algún suculento caladero de votos. Y es que se tiene la impresión de que ahora más que nunca la cuestión sindical se interseca con los males de la izquierda italiana, en busca de identidad propia y de credibilidad precisamente entre el electorado formado por los afiliados al sindicato; intento este, por otra parte, apenas disimulado también por parte de la derecha cuando hace un guiño a esta o a aquella central sindical, en abierto contraste con otras. Añadiendo otro eslogan, hay que «despolitizar» las relaciones sindicales italianas, dejando que los interlocutores se confronten sobre asuntos de convenio y de empresa, sin «jugar» a la política.

Por último, saliendo ya de lo contingente y mirando hacia delante a largo plazo, parece necesario un esfuerzo colectivo por parte de las empresas y del sindicato —pero también de las instituciones— en una acción cultural sobre el tema del trabajo: asuntos como la formación profesional, la orientación (tanto hacia el estudio como hacia el trabajo), la conexión entre escuela, universidad y empresas o la incorporación del personal, son básicos para fundamentar unos lugares de trabajo y unas relaciones sindicales que sean a la vez serenos y fecundos. Tener trabajadores mal formados, poco motivados y frustrados a nadie le conviene, pues rebajan la productividad de la empresa y tienden a incrementar la conflictividad social. Con todo, lo que más importa subrayar es que esto constituye un terrible daño antropológico en el que se juega la cultura del trabajo: la dignidad del trabajo está enraizada no ya en el contenido objetivo de este (qué se hace), sino en su dimensión objetiva (quién lo hace). Por lo tanto, sobre esta cuestión no solo deben centrarse más las instituciones, no solo deben hacer las empresas inversiones de amplias miras, sino, sobre todo, el sindicato debe interrogarse, preguntándose qué servicio está prestando a los trabajadores —a los de hoy y a los de mañana— y qué futuro está contribuyendo a construir. (Giorgio Mion)

Italia: La evolución de la Confederación Italiana de Sindicatos
de Trabajadores (CISL) hacia un sindicalismo moderno


Durante 2010, el administrador delegado de la FIAT Marchionne planteó a los sindicatos una nueva visión de las relaciones entre trabajadores y empresa. Aunque la cuestión afectaba a la planta milanesa de Mirafiori, tomaba carácter general. El acuerdo sobre Mirafiori fue firmado por todas las grandes organizaciones sindicales, excepto por la del sector metalmecánico de la CGIL. Se celebró también un referendo entre los trabajadores, en el que prevaleció el «sí», lo que dio luz verde al acuerdo.

La CISL, encabezada por Raffaele Bonanni, firmó el innovador acuerdo de Mirafiori, acompañando el acto con una seria reflexión sobre el cambio de las relaciones sindicales en el nuevo contexto económico y social. La Confederación ha dado prueba de un gran sentido de responsabilidad durante estos años, primero con el acuerdo de Pomigliano d’Arco y ahora con el de Mirafiori, demostrando tener una idea clara y moderna del sindicalismo. Ha recorrido un largo camino permaneciendo fiel a sus orígenes, pero da la impresión que ese camino lo ha recorrido sola, abandonada o, cuando menos, postergada por el mundo católico. Y eso que la CISL es la organización histórica del catolicismo sindical italiano.

Un rasgo característico del sindicalismo católico ha sido siempre el rechazo de la lucha de clases: la empresa no es el enemigo. El mundo del trabajo no es lugar de choque ideológico o político. No se trataba tan solo de dar la réplica al interclasismo político de la Democracia Cristiana. Se trataba de inspirarse en la Doctrina Social de la Iglesia, que, desde la Rerum novarum, había sostenido que empresarios y obreros son interdependientes y complementarios, ya que ni siquiera podrían existir el uno sin el otro. Ello no significa renunciar al conflicto legítimo de intereses, ni a las formas de protesta ni a la dialéctica sindical, por dura que esta sea. Pero el objetivo de todo ello ha de ser la obtención de contratos equitativos que defiendan los verdaderos intereses de los obreros. La CISL se ha atenido a este historial suyo incluso durante este último período, cunado se trataba de afrontar con decisión la novedad en la contratación sindical. Se trata de tomar nota con realismo de los cambios relacionados con la globalización: las fábricas también pueden ser deslocalizadas, y la única forma de que no sean deslocalizadas estriba en garantizar unas condiciones funcionales. Esta es también la única forma —como ha declarado el propio Bonanni— para atraer a nuevas empresas, de manera que Italia no sea ya un país solo de salida en los procesos de deslocalización, sino también de entrada. Se trataba —y siempre de manera realista— de mirar a la cara a los obreros y a sus familias en toda su concreción y de luchar no con los vetos, sino con la negociación: mantenerse firmes en los derechos fundamentales y tratar de conseguir lo más posible en salario y en condiciones de trabajo. La CISL ha podido hacerlo porque esa era precisamente su historia. Ahora ha entrado en un proceso de disponibilidad a revisar toda la problemática de los convenios, y es que un convenio nacional es necesario, pero solo como salvaguarda básica respecto a los convenios de empresa. La representación sindical debe ser auténtica, y no presunta. Esta nueva lógica contractual requiere una nueva capacidad de contratación que la CISL parece haber adquirido; no cabe decir lo mismo de la CGIL.

Durante las pasadas décadas, la CISL fue acusada de colateralización con la Democracia Cristiana. Hoy es, en cambio, Bonanni quien reprocha a la CGIL que acuse en su seno los efectos de una reestructuración política del área de la izquierda. A la CGIL le cuesta quitarse de encima las hipotecas políticas e ideológicas de su pasado: el convenio nacional, la autoridad política que garantiza los pactos y que se sienta a la mesa junto con los empresarios y los sindicatos, la discusión no solo sobre temas sindicales sino sobre lo divino y lo humano, la transformación del sindicato en partido político... Todo eso pertenece al pasado, y la CISL se ha percatado de ello. También la Caritas in veritate pide a los protagonistas del escenario social que se replanteen el sindicalismo en el nuevo contexto de la globalización.

Sorprende, sin embargo, el hecho de que esta evolución de la CISL —que sin lugar a dudas no ha sido indolora en el propio seno de la Confederación— haya estado escasamente seguida y apoyada por el mundo católico, que habría podido proporcionar a la central sindical aportaciones de pensamiento y de impulso político muy útiles en tan difíciles momentos. Sin una reflexión inteligente sobre los cambios, también los católicos acaban siendo presa de los viejos esquemas ideológicos y la CISL se queda cada vez más sola. (Stefano Fontana)

Italia: La XLVI Semana Social de los Católicos Italianos


Del 14 al 17 de octubre se celebró en Reggio Calabria la XLVI Semana Social de los Católicos Italianos. Sucesivamente se publicó su documento conclusivo, titulado Un cammino che continua... dopo Reggio Calabria (EDB, 55 pp.), con los objetivos de contribuir a ahondar en el tema de la Semana, que era: «Una agenda de esperanza para el futuro del país», y de proseguir en las diócesis el trabajo de discernimiento iniciado en Reggio Calabria. Conviene recordar que con el término «agenda» se sobrentendía que la Semana Social no terminaba en Reggio Calabria, sino que ese sería tan solo el inicio del compromiso de los católicos por el bien común del país.

Aún están pendientes de publicarse las Actas con las aportaciones de S. S. Benedicto XVI, del cardenal Angelo Bagnasco, de los profesores Luca Diotallevi, Lorenzo Ornaghi, Vittorio Emanuele Parsi y Ettore Gotti Tedeschi.

La Semana Social fue un éxito porque testimonió la existencia de otro Sur de Italia, motivo de orgullo y de consuelo, como es el caso del proyecto Policoro, que ha creado 4000 puestos de trabajo; la asamblea contó con una participación numerosa de jóvenes; se procuró leer y ordenar los problemas conforme a una agenda de propuestas; y en el centro de toda problemática histórica y social se puso la «cuestión antropológica » en su integridad, tal como indica la Encíclica Caritas in veritate.

Parece oportuno informar, siquiera sintéticamente, sobre las aportaciones de las sesiones temáticas. En la que se titulaba «Emprender en el trabajo y en la empresa», se puso de manifiesto que las condiciones para una recuperación de la acción emprendedora pasan por la reducción de la precariedad y de los privilegios en el mercado de trabajo y por el incremento de la participación y de la flexibilidad al entrar y al salir; por elaborar políticas fiscales y sociales que reconozcan a las familias con hijos; por redistribuir la presión fiscal, desplazándola del trabajo y de las inversiones hacia las rentas; por sostener el crecimiento de las empresas; por combatir el trabajo clandestino y por llevar a término la reforma de los «amortiguadores sociales» y de la tutela del trabajador con contrato de duración determinada.

En la sesión «Educar para crecer», el tema fue afrontado como emergencia educativa, entendida como  fenómeno que invita a responder a los desafíos y a los problemas de hoy. Se valoró positivamente la elección, por parte de los obispos, del tema de la educación para la pastoral del decenio en curso, con el recordatorio para la comunidad cristiana de la responsabilidad educativa. Se subrayó la importancia del papel del adulto, con referencia a su función de docente y de progenitor, y con la creación de lugares en los que experimentar el encuentro, sin sustituciones ni injerencias. Por lo que respecta a la cuestión sobre la escuela, los delegados concordaron en la importancia de su función pública, tanto estatal como concertada, porque desempeña un papel insustituible en la educación de los jóvenes. Estos, además, deben implicarse asumiendo funciones de responsabilidad y de protagonismo real en la sociedad, donde las asociaciones constituyen un lugar fundamental en el que los jóvenes pueden expresarse mejor. Por último, la agenda prevé recuperar la función normativa del servicio civil voluntario, exigir un código ético de referencia en el ámbito de la televisión y de Internet y relanzar las Escuelas de Compromiso Social y Político, en las que adquirir competencias y desarrollar capacidades con vistas al bien común.

La asamblea temática «Incluir las nuevas presencias» pidió que se promulgara una Ley de Derecho de Asilo, inexistente hasta ahora, y que se revisara la Ley de Ciudadanía, reduciendo los plazos de reconocimiento, limitando discrecionalidad y trámites burocráticos y concediendo la ciudadanía a los hijos de extranjeros nacidos en Italia. Los extranjeros deberían, además, saber italiano; terminar, si son menores de edad, sus itinerarios formativos; conocer los deberes y los derechos que implica la adquisición de la ciudadanía. Se  señaló también la necesidad de preparar itinerarios específicos para la inclusión y para el ejercicio de la ciudadanía, como el derecho al voto administrativo, el servicio civil y la participación en las agrupaciones eclesiales y en las juveniles.

La asamblea «Desatar la movilidad social» afrontó este tema mediante el binomio «desatar-atar», donde por «desatar» se entendía la necesidad de desatar los nudos problemáticos, y por «atar» la de unificar todas las referencias encaminadas a generar nuevamente vínculos buenos.

Se individuaron tres ámbitos a los que podría aplicarse el binomio «atar-desatar». «Desatar las capacidades», es decir favorecer todo lo que valorice el mérito y la calidad de la aportación de cada uno, y «atar» las condiciones de la vida social y democrática a una cultura de la legalidad y de las reglas en todas sus formas,  capacitando a las personas para que lo «intenten». «Desatar el mercado» para multiplicar las oportunidades, pero «atar» un pacto social para que el riesgo del cambio sea compartido por la colectividad, valorizando la creatividad y la responsabilidad. «Desatar la vida» para que cada uno pueda elegir cómo orientar la suya, y «atar», revitalizándolos, los lugares de vida, de acogida y de acompañamiento. Partiendo de estos conceptos, resultó que los agentes son las «personas», como los pobres y quienes sufren discriminación; las que se dedican a acompañar a los jóvenes en el mundo de los adultos, a proponerles un enfoque vocacional de sus opciones de vida (estudio, trabajo, familia, sacerdocio...), a acoger a cuantos se desplazan por motivos de trabajo y estudio, y a alimentar un sentido elevado de la profesionalidad. Y es que resulta necesaria la movilidad social en las profesiones liberales, en las que algunas dinámicas corporativas, aun garantizando calidad y deontología, ralentizan, en la práctica, el acceso de los jóvenes a la profesión.

En la última asamblea temática, «Completar la transición institucional», todos estuvieron de acuerdo en la necesidad de completar la transición para que los pobres, los no cualificados y los jóvenes no sean discriminados por los ricos y por los más capacitados. Los jóvenes, de especial manera, plantearon la cuestión democrática con la petición de una mayor democracia en los partidos, que deberían —como propuso Don Sturzo en la Constituyente— ser asociaciones de derecho público con reglas ciertas de democracia y cuentas públicas; de una nueva formulación de la Ley Electoral que introduzca la elección de los candidatos, pero que también limite su número de mandatos y declare la inelegibilidad de quienes tengan cuentas pendientes con la Justicia.

El «federalismo» no puede ser objeto de discusión, toda vez que desde 2001 es una realidad prevista por  la Constitución italiana. Del debate ha resultado que hay un federalismo que puede generar una lucha contra el despilfarro, responsabilizando a quien tiene el poder de decisión, y hay otro que transfiere el centralismo de Estado a escala regional. El federalismo puede generar una forma distinta de concebir la unidad del país, o bien provocar una fractura aún más irremediable entre Norte y Sur. Tales distorsiones podrán evitarse si se aplican al federalismo la subsidiariedad horizontal y la vertical, combinadas con la solidaridad y desarrolladas mediante cuerpos intermedios que controlen y colaboren.

A la agenda se le añadió la necesidad de una forma nueva de hacer política, adquiriendo una formación adecuada y específica. Centros de esta formación podrían ser los Foros —en los que experimentar el discernimiento comunitario pensando como un «nosotros»— y las Escuelas Taller, para aprender a elegir y a exponerse personalmente en la propia ciudad. Por último, todos los participantes en este ámbito fueron conscientes de la necesidad absoluta de luchar contra todas las mafias mediante la educación en la legalidad.

Esta Semana Social planteó propuestas importantes para el futuro del país. Algunas de ellas solo podrán afrontarse en el ámbito institucional, como la reforma fiscal y las leyes de ciudadanía, de derecho de asilo, de estatuto de los colegios profesionales, de democracia en los partidos. Otras, en cambio, implican a las comunidades eclesiales, a las agrupaciones seglares y a los creyentes como individuos, como es el caso de la legalidad, el respeto de las reglas, la participación en la vida social, la lucha contra el trabajo clandestino, la institución de las Escuelas de Compromiso Social y Político y la salvaguarda de la creación, sin ideologías preconcebidas.

Diego Arias Padilla, Hélène Bodenez, María Teresa Compte Grau, Benedetta Cortese, Omar Ebrahime,
Donata Fontana, Stefano Fontana, Jorge Nicolás Lafferriere, Cristian Loza Adaui, Chiara Mantovani,
César Sánchez Martínez, Fabio Trevisan, Cianfranco Zanolla

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