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Los problemas del desarrollo a la luz de la "Caritas in Veritate"

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Jueves, 09 de Febrero de 2012

 
berettasimona

Simona Beretta[1] responde
a las preguntas de Stefano Fontana



El lector  de la Caritas  in  veritate  se pregunta,  ante todo,  algo  sencillo  y  complicado  al  mismo  tiempo: ¿Qué tiene que ver la Verdad con el desarrollo? ¿Cuál sería su respuesta como experta en desarrollo?

Afortunadamente, esta pregunta, candente y crucial, tiene una respuesta muy sencilla: la Verdad tiene que ver absolutamente con el desarrollo.

Se comprende antes con un ejemplo que con una argumentación sutil. Supongamos que quiero ir a la estación; si sé el camino correcto —el «verdadero»—, llego enseguida. Si no sé el camino, puedo preguntar, o bien llegar mediante intentos. Aunque me cueste, a posteriori sabré reconocer qué camino era el correcto; sabré reconocer quién me ha contestado diciendo la verdad y quién no. Sabré por fin la respuesta verdadera a la pregunta «¿Cómo se llega a la estación?» una vez que haya llegado a la estación.

Me ha surgido el ejemplo del camino hacia un destino preciso porque, si se estudian a lo largo de los años las dinámicas del desarrollo económico (que nunca es solo económico, pues de serlo no duraría), la definición menos inadecuada de qué es el desarrollo es la que lo asimila precisamente al recorrido de un camino.

Es el desarrollo una noción dinámica, no estática. Es el camino a mi destino, no una meta. El desarrollo es un fenómeno que sucede en el tiempo y en el espacio, y que consiste en perseguir un objetivo claro, aunque no determinista: la mejora de la condición humana, de la vida diaria de los individuos y de las comunidades, desde las comunidades locales hasta las comunidades  nacionales y a la comunidad  internacional. A decir verdad, también Adam Smith plante- aba la cuestión en estos mismos términos, pues, al investigar sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, tenía muy claro que el objetivo era «the bettering of the human condition» («la mejora de la condición  humana»). El desarrollo es, por lo tanto, un proceso dinámico que coincide con el camino hacia una plenitud de experiencia humana, en el que cada paso tiene valor, pues representa una mejora de la condición de vida de las personas y de las comunidades.

Pero ¿en qué consiste esta mejora? ¿Sabemos reconocer una mejora «verdadera»? ¿Hay algo que podamos identificar  como desarrollo «verdadero»? La respuesta es que sí.

Al igual que sabemos reconocer si el camino a la estación era o no el correcto, tenemos en nosotros mismos la capacidad de reconocer el desarrollo verdadero. Solo es precisa una condición: que estemos realmente comprometidos con nuestra humanidad, con su aspiración  a estar plenamente  vivos, a una vida plena: «Hacer, conocer y tener más para ser más», decía Pablo VI en el n. 6 de la Populorum progressio: definición perfecta de desarrollo, a la medida del ser humano. ¿Quién, entre los seres humanos, no aspira a ese «más»?

Tal vez el ejemplo del camino pueda parecer demasiado trivial. Hay otra forma  de explicar por qué la Verdad tiene que ver con el desarrollo, y es la demostración a posteriori de que la falsedad y la parcialidad —negaciones  ambas de la verdad, que es íntegra y sin sombras—  contradicen al desarrollo, lo niegan, lo frenan. Se trata de una modalidad particularmente adecuada para nuestros tiempos: por alguna razón, a nuestros contemporáneos les cuesta pensar que la Verdad sea muy concreta y accesible, aun cuando con esfuerzo, en su caso. Pero, afortunadamente, no tienen dificultar en admitir que las mentiras existen (lo curioso es que no noten que, si saben reconocer las mentiras, es porque, de alguna manera, han experimentado la verdad).

En el desarrollo económico, resulta clarísimo que las mentiras  (falsedades, parcialidades) no tienen largo recorrido. Una política de desarrollo que no reconozca y  no  valore la  naturaleza  «verdadera» del  hombre acaba dejando de funcionar, tanto a pequeña como a gran escala.

No funcionó, a gran escala, el proyecto —realmente grandioso—  de realizar la justicia social, el proyecto de colectivización de la propiedad de los medios de producción y de planificación económica centralizada en la Unión Soviética; un proyecto para cuya realización no se regatearon ni el despliegue de medios ni el pago de costes, por desgracia también humanos. Como resultado, hubo unos decenios de rápido crecimiento material y de avance científico-tecnológico  (la conquista del espacio), pero el sistema hizo implosión. Tal vez no podía hacer más que venirse abajo, ya que, en realidad, el hombre no quiere tan solo hacer y tener: quiere también conocer y ser más.

No han funcionado —por  citar un pequeño ejemplo actual de gran importancia—  los intentos de extirpar el VIH-SIDA basándose en una visión estrecha, solo corporal, de la persona, cuando son, en realidad, las motivaciones y las conductas las que marcan la diferencia en la prevención y en la curación de esta pandemia. Una barrera de goma constituye una posible respuesta al problema: en esta respuesta se ha con- centrado, en efecto, la mayor parte de las intervenciones, como si de la única se tratara. Después de esa intervención, puede verificarse cuantitativamente su eficacia para mejorar la salud de las personas y de las comunidades. Si se observa que, a raíz de la intervención, no se reduce la incidencia del problema, hay que sacar consecuencias: se ha tratado de una respuesta insuficiente; algún otro factor importante ha sido des- atendido. Pero si se sigue sosteniendo teórica y materialmente esa respuesta —y  solo esa— al problema de la difusión del VIH-SIDA, se está optando de manera consciente por desatender una porción de evidencia empírica, una porción de realidad.

En resumidas cuentas, la Verdad tiene que ver con el desarrollo porque, sin Verdad, no sabríamos distinguir el camino del desarrollo del deambular dando vueltas, volviendo a pisar tristemente, antes o después, nuestras propias huellas. Esta capacidad de distinguir  el desarrollo verdadero no es privilegio de unos pocos: cualquier persona posee los criterios de lo que significa  para ella ese «más»: hacer, conocer, tener, ser «más». Para distinguir el desarrollo verdadero de las falsas impresiones nos sirven de ayuda nuestras propias exigencias de una vida plena, y las pruebas que día tras día la experiencia nos brinda sustentan el camino del desarrollo. ¡Intentad ver, pues, si, para vuestro corazón, hay algo más deseable que la Verdad y el Amor, con vistas a una vida realmente plena!

A  propósito   del  desarrollo,   la  Caritas  in  veritate demanda  un  «nuevo impulso  del  pensamiento»  (n. 53). En su opinión, ¿en qué ámbitos relacionados con el desarrollo resulta más apremiante esta exigencia?

Me surge espontáneo responder haciendo referencia a mi campo de estudios, es decir la economía política y la política económica aplicadas al desarrollo.

Hay una primera consideración que debe hacerse explícita. El tema del desarrollo —absolutamente central en el origen de las disciplinas económicas «cien- tíficas», a partir de la «investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones», de Adam Smith—  se ha vuelto cada vez más periférico respecto a los intereses de los economistas, hasta reducirse a una rama de especialización justamente rebautizada como «teorías del crecimiento». Sin embargo, desde el punto de vista histórico, el des- arrollo económico en nada se parece a un fenómeno de expansión progresiva de una estructura  que permanece sustancialmente  igual a sí misma,  como se da por sentado en las teorías del crecimiento. El des- arrollo real está hecho de discontinuidad, de innovaciones, de profundos cambios estructurales. Esta es la primera consideración: ¡todo el fenómeno del desarrollo necesita urgentemente un «nuevo impulso del pensamiento»! El punto más delicado estriba precisa- mente en comprender cómo y por qué se producen las discontinuidades y las innovaciones. Aunque no partimos de cero en esta exploración, nos falta mucho para poder contar con una historia convincente. Nos ayuda, sin  embargo,  el  hecho  de  conocer  algunas «historias» que, a posteriori, han reconstruido los avatares del desarrollo de una comunidad humana determinada, en un lugar y en un tiempo concretos.

Y pasamos a la segunda consideración.  Resulta curioso que, en lenguaje corriente, se siga hablando de los casos más significativos de desarrollo en términos de «milagro». Los «milagros» italiano y japonés forman parte de nuestro pasado más o menos reciente; acabamos, prácticamente, de vivir el «milagro»; acaso nos espere, en un futuro próximo, el «milagro» de algún país africano. Ahora bien: el hecho de que los milagros se repitan tal vez nos pueda consolar, pero ciertamente el mismo uso de la palabra «milagro» dice que no tenemos las ideas claras, que nuestra capacidad de explicar científicamente el desarrollo resulta aún muy limitada.  Y ciertamente no sabemos «producir» des- arrollo: decenios y decenios de políticas de apoyo al desarrollo local y de cooperación internacional para el desarrollo de los países de rentas bajas han arrojado, por regla general, resultados modestos o insignificantes, incluso en lo que se refiere al componente del desarrollo que debería resultar más viable, por ser de carácter material: el aumento de la producción de bienes y servicios.

Tercera consideración. Los análisis empíricos que han estudiado la correlación entre crecimiento económico y condiciones  estructurales  de los diferentes  países, en el intento  de identificar  las causas posibles del desarrollo, han obtenido algunos resultados que confirman la necesidad de un «nuevo impulso del pensamiento». Se trata de resultados sólidos, obtenidos a partir de países y períodos históricos distintos, que más o menos pueden sintetizarse de la siguiente manera: la dotación de capital físico (productivo e infraestructural) y la dotación de capital humano (medido someramente en términos de instrucción) contribuyen a explicar una parte del crecimiento económico,  aunque  dejan  un «vacío» consistente,  cuya medida la da el crecimiento que permanece inexplicado en sus determinantes materiales.

Algunas líneas recientes de literatura se han dedica- do a estudiar el papel de las instituciones para explicar una parte del crecimiento que permanece inexplicada en sus determinantes  materiales, y ciertamente se trata de un intento que merece atención. Bueno es que se replantee el tema de las instituciones, pero analizar estas partiendo de su forma (por ejemplo: sistema de gobierno, sistema electoral, grado de descentralización administrativa, funciones de los bancos centrales...) no parece arrojar resulta- dos sólidos. ¡También para comprender el funciona- miento de las instituciones y su contribución al itinerario de desarrollo resulta evidente que es preciso un «nuevo impulso del pensamiento»! Para aceptar la invitación a tomar ese impulso, resulta útil escuchar las enseñanzas del magisterio social de la Iglesia: las instituciones toman su forma gracias a la acción humana, y viven de la vida concreta de las personas que las animan concretamente, aquí y ahora. También en este caso, las indicaciones de la Doctrina Social de la Iglesia —y en especial lo que Benedicto  XVI ha enseñado en relación  con las instituciones en Aparecida y en sus encíclicas—  abren horizontes de investigación de enorme interés para todos. Según la visión realista propia de la Doctrina Social de la Iglesia, las instituciones  no son meras «cáscaras» que imprimen  automáticamente cierta cualidad a las relaciones sociales y al desarrollo: ellas mismas son entidades de relación, por lo que la calidad de las instituciones y su contribución al desarrollo reflejan claramente las cualidades personales de quienes  en  ellas  forjan  relaciones  y  el  «consenso moral» que las anima (Spe salvi, n. 24). Ciertamente, sobre este tema se impone una gran labor orgánica de investigación.

La Caritas in veritate afirma que las ayudas al desarrollo no deben ser concedidas implicando tan solo a los gobiernos de los países interesados, sino también a los agentes económicos locales y a los sujetos de la sociedad civil portadores de cultura, con inclusión de las iniciativas surgidas en torno a las Iglesias locales. ¿Podría indicarnos cómo sería esto concretamente posible?

Muy brevemente, pueden darse indicaciones sobre la función  de  las  ayudas  a  la  hora  de  sustentar  de manera  «subsidiaria» el  desarrollo;  pero  conviene empezar por poner también  de relieve los aspectos problemáticos  de las transferencias  de fondos. Nos referimos  aquí a las ayudas oficiales, es decir a fon- dos para el desarrollo concedidos por los gobiernos de un solo país donante por vía bilateral (país donan- te, país receptor) o por vía multilateral,  con la mediación  de  instituciones   internacionales  de  diferente naturaleza (por ejemplo, la Unión Europea, el Banco Mundial   y  otros  bancos  regionales  de  desarrollo, organismos  del sistema  de las Naciones Unidas). A veces se trata de ayudas económicas a fondo perdido; con más frecuencia se trata de créditos oficiales que  incluyen  elementos  de  donación  (períodos de carencia  antes del inicio  de la devolución, tipos de interés más bajos que aquellos por los que el país receptor podría endeudarse en los mercados financieros).

El primer aspecto problemático se detecta al asociar de manera mecanicista la realización del desarrollo con la disponibilidad de recursos económicos por parte del país receptor. Estudios recientes han llega- do a poner en tela de juicio la propia función de las ayudas al desarrollo —con  independencia de que se trate de créditos con elementos de donación o de ayudas «puras»—,  toda vez que no son capaces de generar desarrollo, cuando no se revelan incluso contraproducentes.[2]   También  la  línea  de  estudios que centra la comprensión de los procesos de des- arrollo en la cuestión de las instituciones[3]   constituye una importante advertencia con vistas a evitar el mecanicismo que presupone una relación automática de causa y efecto entre la entidad de las ayudas y la instauración de dinámicas de desarrollo.

La cuestión de la eficacia de las ayudas (aid effectiveness) ha centrado justamente el debate internacional sobre finanzas y desarrollo durante el último decenio, y ha dado lugar a importantes líneas de reflexión y de propuesta política, compartidas a escala internacional[4]. En parte como consecuencia de este debate y en parte como intento de procurar que las políticas de desarrollo fueran determinadas y ejecutadas bajo el control prevaleciente del país receptor (la denominada ownership o propiedad de las políticas de desarrollo), se ha difundido una cierta tendencia, por parte de los países donantes, a preferir formas de apoyo al presupuesto (budget support) para la concesión de créditos de cooperación para el desarrollo. En otras palabras, el Gobierno del país donante transfiere, de forma unilateral o coordinada con otros donantes, fondos que se acreditan directamente en el presupuesto público del país receptor, que asume la responsabilidad de su utilización.

La práctica del apoyo al presupuesto, sin ser negativa en sentido absoluto, favorece ciertamente una tendencia a organizar modalidades de respuesta a las necesidades (salud, asistencia, educación...) de carácter burocrático, poniendo en peligro la sostenibilidad de mucha acción para el desarrollo de carácter «subsidiario», cuya eficacia es conocida. En concreto, las prácticas de apoyo al presupuesto pueden poner en peligro la acción de las organizaciones confesionales (faith based organizations), que a menudo coinciden con las parroquias, con las obras misioneras o con otras iniciativas caracterizadas por una presencia estable y ampliamente extendida en el territorio. Se trata de un riesgo, no de algo que se dé necesariamente.  El lado positivo del apoyo al presupuesto es la justa tutela de la esfera de soberanía política del país receptor, aun cuando esta quede sujeta a formas de vigilancia entre iguales (peer monitoring) por parte de los países donantes; este espacio autónomo de ejecución de políticas de des- arrollo por parte del Gobierno receptor responsabiliza a este con relación a la utilización de los recursos y lo expone —en  los casos más afortunados—  a la evaluación política de los ciudadanos y de la sociedad civil local. Le corresponde, pues, al Gobierno local del país receptor implicar a la sociedad civil, a las comunidades locales y a las organizaciones confesionales, y valorizar su contribución al desarrollo desde una perspectiva de solidaridad  y subsidiariedad.  Se trata de un reto de no poca entidad.

Cuando se critica una vía, es preciso considerar seria- mente cuáles podrían ser las vías alternativas median- te las cuales los agentes económicos locales y los sujetos de la sociedad civil portadores de cultura —con inclusión de las iniciativas surgidas en torno a las Iglesias locales—  pueden verse apoyados en su labor de promoción del desarrollo.

Los créditos de un país donante, por ejemplo, podrían destinarse directamente  a un beneficiario «civil» local, más o menos confesional. Por ejemplo, un proyecto cofinanciado por el Banco Mundial podría tener como colaborador a un consorcio de agentes locales que incluya organizaciones confesionales. Este itinerario, como es natural, es accesible a entidades sociales caracterizadas por una notable profesionalidad «burocrática», capaces de respetar los complejos procedimientos y los rígidos plazos indicados en el proyecto aprobado. Algo semejante puede suceder también en el ámbito bilateral cuando los fondos de un país son asignados a un consorcio que incluye a una o a varias organizaciones no gubernamentales  (una de las cuales, por regla general, suele tener su domicilio legal en el país donante); también en este caso, las cualidades burocráticas y de lobbying (en el buen sentido de la palabra) de las ONG han de ser notables. En estos casos, los fondos de desarrollo sirven necesariamente también para financiar los aparatos: los aparatos públicos que han de seleccionar y supervisar los proyectos, y los aparatos burocráticos de rendimiento de cuentas en el seno de las ONG. Al final, los costes administrativos podrían ser ingentes.

Así las cosas, ¿no se podría tal vez individuar  simplemente a destinatarios  «merecedores» de los fon- dos y transferirles estos con el compromiso firme de dar razón de su uso a los donantes, sin demasiadas trabas burocráticas?  Esto es lo que sucede normal- mente cuando los particulares sostienen de forma directa las organizaciones de desarrollo en las que confían. ¿No podrían hacerlo también  las entidades donantes de carácter público? La propuesta suena muy bien, pero resulta, obviamente, harto peligrosa. Todo depende de la calidad de los sujetos implicados y de los objetivos que se planteen, ya que las elecciones de los donantes son en este caso totalmente discrecionales. Así, por ejemplo, es normal que los créditos de cooperación para el desarrollo de los países del Golfo Pérsico vayan destinados a las escuelas coránicas  y a sus obras caritativas.  Nada malo hay en ello, pero conviene recordar que la vía de la financiación pública directa de entidades no gubernamentales de otros países ya ha sido largamente recorrida también por los países donantes en tiempos de la Guerra Fría, con resultados  que, cuando menos, hielan la sangre.

Hemos considerado hasta aquí la ayuda pública al desarrollo y puesto de relieve que no hay que dar en absoluto por descontado que esta logre realmente, a pesar de sus intenciones, sostener las iniciativas más meritorias de la sociedad civil y de los agentes locales, ya se acredite dicha ayuda directamente al presupuesto de los Gobiernos receptores (apoyo al presupuesto), ya consista en la financiación directa de entidades locales elegidas discrecionalmente por el Gobierno donante. Con todo, aun no dándose su logro por descontado, también es verdad que no resulta imposible conseguir financiar las iniciativas más meritorias. Para ello se precisa mucha prudencia, mucha humildad, mucha gratuidad —en el sentido de una apertura constante a acoger como un dato valioso los elementos de información y de valoración que la realidad nos proporciona—.

Sigo pensando que las ayudas al desarrollo —tanto públicas como privadas— han de promover intervenciones inspiradas en la subsidiariedad; de lo contrario, el desarrollo no arranca o, si arranca, no resulta sostenible en el tiempo. El fenómeno de la indigencia y de la exclusión solo es vencido si las comunidades más pobres se convierten en protagonistas de su misma salida de la pobreza. Las modalidades concretas de hacerlo cambian de lugar a lugar y exigen el ejercicio de virtudes por parte de todos los agentes implicados. Pondré un ejemplo. Allí donde las instituciones estatales del país destinatario faltaran o resultaran inadecuadas, la financiación directa de entidades de la sociedad civil local podría realmente ser «subsidiaria» si tales entidades demuestran en la práctica que velan por el bien del «todos nosotros» de ese país. Si, por el contrario, los sujetos de la sociedad civil local que obtienen las financiaciones promovieran intereses particulares, reforzando a un grupo en detrimento de otros, semejante acción financiera podría revelarse perjudicial.

Creo que el camino real para los países donantes — considerados individualmente o asociados en una institución internacional—  es el de la persuasión, de la argumentación,  de la presión recíproca para que la cuestión del desarrollo reciba toda la atención que se merece (incluso desde una perspectiva no miope de interés nacional); pero, sobre todo, dicha labor cultural y política ha de tener siempre muy presente que el desarrollo no debe considerarse como un problema de carácter tecnocrático, sino como el camino correcto hacia la mejora de la condición humana, que sus protagonistas (las personas pobres, las comunidades locales marginadas, las organizaciones gubernamentales  y no gubernamentales) trazan y recorren a un tiempo.

¿Qué momento  atraviesa  la inserción  progresiva  de los productos de los países pobres en los mercados internacionales? Dicho de otra manera, ¿qué momento atraviesa el problema de los derechos de aduana?

La «geografía» del  comercio  mundial  ha  cambiado mucho en los últimos decenios, al igual que la tipología de los productos intercambiados  entre los países de antigua industrialización y el resto del mundo. Las simplificaciones  «norte» y «sur» del mundo tienen ya solo un poder evocativo, más que una capacidad descriptiva real. ¡Incluso la expresión «países emergentes» se aplica ya, en algunos casos, a países completamente «emergidos»!

Ciertamente, los procesos de cambio de los últimos decenios (nada indoloros, por cierto, si bien ricos en ocasiones positivas de integración) no han afectado a todos los países, por lo que persiste una marcada correlación entre la marginalidad de un determinado país respecto a la red del comercio internacional y sus bajos niveles de renta per cápita. Dicha correlación puede indicar dos relaciones diferentes de causa y efecto, o también una combinación de estas. Por un lado, los países pobres (es decir con un bajo nivel de producción per cápita) pueden no estar en condiciones de exportar precisamente  porque  son pobres, y por lo tanto sus productos no resultan atractivos para sus potenciales compradores ricos. Por otro lado, la relación podría ir en la dirección opuesta, es decir: los obstáculos con que los países pobres tropiezan cuan- do intentan exportar productos capaces de generar renta para la población local son de tal naturaleza que aprisionan a dichos países en la pobreza. Diferentes situaciones nacionales reflejan el predominio de una o de otra relación de causa y efecto; ¡naturalmente, la eliminación de las barreras comerciales y, en concreto, de los derechos de aduana puede tener alguna utilidad solo cuando la explicación de la correlación entre marginalidad comercial y pobreza responde al segundo tipo! En la práctica, aun cuando los derechos de aduana y las demás barreras de carácter no arancelario se pusieran a cero, dicha medida no ayudaría demasiado a los países pobres que no exportan por carecer de productos «con valor añadido» para exportar. Para esos países se precisan otros instrumentos de inclusión: no basta con eliminar las barreras, sino que es preciso promover activamente su capacidad de participar en el mercado (un importante desarrollo reciente, a este respecto, lo constituye el apoyo al desarrollo económico mediante instrumentos de ayuda para el comercio, o aid for trade).

Un paréntesis importante: he precisado que, para que su exportación contribuya a la reducción de la pobreza, los productos han de tener «valor añadido», o sea incorporar el trabajo local. Y es que la exportación de materias primas (petrolíferas y no petrolíferas) produce ingresos de exportación que, desde el punto de vista económico, se caracterizan como «rendimientos» —es  decir que dependen de la configuración de los derechos de propiedad—,  y no como «renta» que remunere el trabajo humano. Los rendimientos, obvia- mente, permiten un aumento del nivel de vida y de los consumos de quienes los perciben, por lo que resultan muy apetecibles y son fuente casi inevitable de conflictos, excepto en situaciones políticas donde quien ostenta el poder ejerce un dominio político tan fuerte que puede permitirse asignar los derechos de acceso a los rendimientos sin sufrir los ataques de las demás  formaciones  políticas. Este paréntesis  sobre las exportaciones de productos primarios, que por regla general no están gravadas por derechos de aduana y que, sin embargo, no fomentan automática- mente la reducción  de la pobreza —al contrario,  a veces la perpetúan—,  era necesario, ya que muchos de los países más pobres son precisamente exporta- dores de productos primarios. A menudo se trata de países lacerados por conflictos políticos y, en ocasiones, por conflictos cruentos. En tales casos, la riqueza de quienes están en condiciones de apropiarse de los rendimientos, la pobreza del resto de la población y la situación de conflicto latente o manifiesto, forman un círculo vicioso que tiende a autoalimentarse.

La importancia de la apertura de los mercados de los países de renta alta, capaces de absorber los pro- ductos de los de renta baja, constituye por lo tanto un resorte importantísimo para el éxito económico de los países exportadores cuando la marginalidad comercial de estos la provoca, efectivamente, el proteccionismo, es decir la persistencia de barreras aduaneras, o bien de barreras no arancelarias (contingentaciones, estándares técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias). ¡A veces las segundas se demuestran aún más eficaces que los derechos de aduana a la hora de bloquear las exportaciones  de los países de renta baja! También es verdad que, aunque las barreras suelen obstaculizar, no impiden la exportación: en efecto, muchos países «emergentes» o «emergidos» se han demostrado  capaces de exportar pese a tales barreras. Pero la eliminación de las barreras proteccionistas facilita el esfuerzo de emerger (lo que redunda en beneficio de todos, dado que un país «emergido» se convierte en un interesante mercado de salida para los productos y los servicios de los países de renta alta).

He aquí algunos datos sobre la incidencia de las barreras aduaneras. Según el reciente Informe sobre los  Objetivos  de  Desarrollo  del  Milenio  2011 — recuérdese que el 8.º objetivo atañe a la realización de una alianza mundial para el desarrollo—, aproximadamente el 80% de las importaciones destinadas a países desarrollados y procedentes tanto del conjunto de los países en vías de desarrollo como del subconjunto de los denominados «países menos adelanta- dos» (PMA) no están gravadas por ningún derecho de aduana; este tratamiento es «preferencial» (es decir no generalizado) para un porcentaje de alrededor de 50% de los PMA y del 20% del conjunto de los países en vías de desarrollo. Pese al temor de un recrudecimiento proteccionista en los momentos de mayor intensidad de la crisis mundial (2008), dicho acceso preferencial no ha sufrido reducciones. En concreto, los niveles de los derechos de aduana sobre productos agrícolas procedentes de los países en vías de desarrollo han seguido reduciéndose, mientras que se mantienen sin cambios sustanciales los derechos sobre productos del sector textil y de las prendas de vestir. Este sector, de gran importancia en los procesos de desarrollo al caracterizarse por una notable intensidad de trabajo respecto a otras producciones en las que prevalecen la «tierra» o el «capital», se ve claramente penalizado por los derechos de aduana aplicados por los países de renta alta.

La mayor parte de los países adelantados, y todos los países de Europa en especial, han garantizado el acceso libre de impuestos al 97% como mínimo de los productos originarios de PMA (obviamente, en ese 3% restante se concentran precisamente los sectores comerciales que se perciben como más competitivos respecto a nuestras producciones). Queda por recordar, por último, que el peso relativo del comercio Sur- Sur y las formas de cooperación regional Sur-Sur van adquiriendo importancia y constituyen una interesante novedad para el desarrollo de los países más pobres, cuyos productos pueden exportarse con mayor facilidad a los países limítrofes.

Si quisiéramos  examinar las reglas internacionales  y las políticas nacionales de comercio internacional con los ojos de quien se preocupa por el desarrollo, deberíamos tener el valor de poner de relieve algunas decisiones  que  merecerían  adoptarse.  Tales decisiones son apoyadas a veces por muchas personas de buena voluntad, pero son difíciles de realizar porque se oponen a los intereses —legítimos,  pero particulares— de algunos grupos.

En primer lugar, habría que llevar a cabo los trabajos de eliminación progresiva de las restantes barreras arancelarias y no arancelarias sobre la base de las negociaciones que se prolongan ya desde hace un decenio en la Ronda de Doha para el Desarrollo de la OMC. Los acuerdos que se alcanzan en el seno de la OMC se basan en el consenso de cada uno de los miembros de la institución, ya sea este grande o pequeño; dichos acuerdos nunca son perfectos (en efecto, acabada una negociación, enseguida empieza la sucesiva), sino que implican  a los países en una «conversación» de política económica en la que cada país debe prestar atención a las razones del otro, aun- que solo fuera por el hecho de que basta el voto contrario de —pongamos—   Vanuatu para impedir que los acuerdos que tanto interesan a este o a aquel país queden ratificados. La negociación de Doha ha madurado ya un amplio consenso sobre algunos puntos importantes, sobre todo en materia de comercio inter- nacional de productos agrícolas, que siguen contándose entre los productos más importantes de producción y de exportación de los países de renta media-baja; pero el proceso político de conclusión de las negociaciones ha quedado prácticamente interrumpido con motivo de la crisis financiera. Se trata de una interrupción que viene como anillo al dedo a los grupos de presión en el seno de los países de antigua industrialización, que pueden así retrasar el momento en el que deberán ajustar sus comportamientos eco- nómicos para hacer frente a la capacidad de países menos ricos a la hora de producir y exportar productos de calidad.

En segundo lugar, hay que reflexionar adecuadamente sobre el hecho de que los procesos de integración comercial están ya indisolublemente ligados a los procesos de integración productiva, o mejor dicho a los procesos de «desagregación» (unbundling) de la producción y de descentralización de determinadas fases a otros países. En este caso, la permanencia de eventuales derechos de aduana es perjudicial para todos: para los países periféricos en los que se realizan las fases productivas intermedias, y también para los países centrales, que coordinan su producción a escala mundial;  y se revela especialmente  perjudicial  para los productores en el ámbito de la creciente cooperación productiva Sur-Sur.

En tercer  lugar —aunque  estoy convencida de que seguimos un orden de importancia creciente—, no existe tan solo la exportación de bienes, sino también la exportación de servicios. A veces, los servicios que se intercambian en el ámbito internacional son servicios en línea (centros de llamadas, elaboración de datos...), pero muy a menudo se trata de servicios personales, inseparables de la persona que está prestando el servicio mismo. En esta categoría se incluyen todos los servicios de asistencia, y no hay duda de que se trata  de una cuestión  absolutamente  crucial.  La «asistencia» tiene absolutamente que ver con la calidad de la vida, con ese «ser» más que forma parte integrante de las exigencias de desarrollo de cada uno de nosotros. Por lo tanto, si queremos decirlo con claridad, deberíamos examinar con mucha atención qué reglas y qué políticas están en vigor con referencia al comercio internacional de servicios, y en particular de aquellos servicios que requieren la movilidad internacional de las personas. El tema es delicado, pero ineludible.

Alrededor de la cuestión migratoria —que  constituye una forma antigua e importantísima de integración internacional, económica, pero también cultural y política—  se articulan dos dinámicas cuya importancia permanece aún poco entendida: la dinámica económico-financiera, relacionada con las remesas de los emigrantes, y la dinámica propiamente humana, con sus repercusiones familiares, sociales y políticas, que refleja el hecho de que los fenómenos migratorios — y en especial los relacionados con actividades de asistencia—  se van haciendo cada vez más femeninos. Cabe hablar ya de una especie de «cadena asistencial mundial» cuya protagonista es la mujer. En efecto, las mujeres que emigran tienen que organizar con frecuencia la gestión de la asistencia a su propia familia de origen, implicando en ella a otras mujeres del país de procedencia, quienes recibirán también una compensación económica por dicho servicio; en el país de llegada asistirán a los miembros de otra familia, recibiendo la correspondiente compensación... todo ello a lo largo de una cadena de relaciones familiares sus- pendidas y reanudadas. Creo que no se ha reflexiona- do aún adecuadamente sobre esta vivencia «en femenino» de las migraciones y sobre el impacto que la misma produce tanto en el desarrollo de los países de procedencia como en el de los países de destino. Como cuarto punto —cuya  enorme importancia intuyo por un lado, junto con su falta total de pistas de trabajo inmediatas por otro—,  sería precisa una reflexión en profundidad sobre el comercio internacional de productos primarios, y especialmente de recursos naturales agotables, teniendo como faro el principio del destino universal de los bienes. Creo que, en con- junto, se subestima el problema ético referente a la distribución —tanto  entre generaciones, como en el seno de la presente generación— de los rendimientos de la extracción y del comercio de los recursos agotables. Existe, evidentemente, el problema ético de quien se apropia de los rendimientos por el lado de la oferta; pero también los compradores y los consumidores participan en la apropiación de una especie de rendimiento, ya que los precios que se pagan por la adquisición de los recursos naturales agotables parecen reflejar casi exclusivamente las evoluciones a corto plazo de la demanda y de la oferta... con una consciencia escasa de la consistencia intertemporal  y objetiva de las decisiones de extracción, de comercio y de utilización de los recursos agotables. En efecto, a quien compra le gustan los precios bajos; a quien está temporalmente en condiciones de apropiarse de los rendimientos (porque, por ejemplo, ostenta actualmente el poder en una zona de conflicto) tal vez le interese tan solo maximizar sus ingresos en el más corto plazo posible, incrementando las cantidades vendidas.

La Caritas in veritate dice con claridad que toda decisión económica posee una insoslayable dimensión moral: «La justicia afecta a todas las fases de la actividad económica, porque en todo momento tiene que ver con el hombre y con sus derechos. La obtención de recursos, la financiación, la producción, el consumo y todas las fases del proceso económico tienen ineludiblemente implicaciones morales. Así, toda decisión económica tiene consecuencias de carácter moral» (n.º 37, cursiva del original).

En relación con la inserción de los países pobres en los intercambios mundiales, creo que tomar en serio el principio del destino universal de los bienes constituye una pista aún por explorar tanto en el ámbito jurídico-económico como en el ámbito político de las relaciones y de la cooperación internacional.

La financiación para el desarrollo constituye una cuestión ya antigua.  Lo cierto es que las cuotas de presupuesto destinadas a este objetivo parecen reducirse cada vez más, y que no parecen acabar de arrancar formas alternativas de financiación para el desarrollo...

Empecemos por afirmar que financiar el desarrollo constituye la propia razón de ser de las finanzas. Más allá de las oscilaciones en el corto plazo (que pueden hacer pasar «del estrellato a estrellarse» a individuos propietarios de riqueza, pero que no cambian real- mente la riqueza real), unas finanzas que «rindan», es decir que premien a quien ha ahorrado, son, forzosa- mente, unas finanzas que han investido bien, prestan- do a quien ha sido capaz de crear ocasiones de trabajo, de producción, de comercio... en definitiva, de desarrollo económico. De ahí que las finanzas que realmente rinden, y no de manera efímera, sean precisamente las que sostienen el desarrollo. ¡Pero aquí estamos hablando de sustancia, y no de forma!

Lo que pretendo decir es que no todos los créditos, públicos o privados, que llevan la etiqueta de «financiación para la cooperación para el desarrollo» rinden realmente en términos de desarrollo, es decir de mejora de la condición humana hacia ese «más» al que las personas aspiran. Por eso no se puede concluir de manera automática que la asignación de fon- dos a la cooperación para el desarrollo constituya un indicador eficaz de solidaridad. El dinero es necesario para las acciones de cooperación, pero no es, desde luego, suficiente.

En efecto, los fondos públicos destinados al desarrollo han perdido importancia cuantitativa durante los últimos años en comparación con los demás flujos financieros internacionales (inversiones directas en el extranjero, préstamos en el mercado, créditos comerciales, remesas de los emigrantes). Sin embargo, no han perdido su importancia cualitativa, ya que constituyen un vínculo institucional objetivo que refuerza otras posibles dimensiones positivas de diálogo y de cooperación internacional (cultura, política, procedimientos administrativos...).

En la actualidad, la mayor parte de los fondos públicos para el desarrollo proceden de créditos presupuestarios (de Estados o de entidades locales). Se trata de fondos cuyo importe resulta incierto, ya que los pre- supuestos públicos se aprueban de año en año y, en caso de restricciones, las partidas más susceptibles de recorte son las que beneficiarían a quienes tienen menos  «voz» política (por su orden —diría  yo—:  las generaciones futuras, los niños, los extranjeros, los colaboradores extranjeros en proyectos de cooperación). Los proyectos de desarrollo suelen tener, en cambio, una duración plurianual, por lo que necesita- rían conocer el importe exacto de recursos con el que pueden contar. De ahí que se hayan dado avances de exploración de nuevos mecanismos para hallar recursos públicos para el desarrollo de manera automática, con independencia del complicado proceso político que lleva a la aprobación de los presupuestos públicos anuales. Por ejemplo, se ha propuesto la tributación de determinados tipos de transacciones internacionales (el tránsito aéreo, el comercio de armas, los movimientos internacionales de capital, con la denominada tasa Tobin); o bien la institución de loterías específicas; o también la creación de nuevos instrumentos financieros, garantizada por un consorcio de países emisores, a colocar en la cartera de los ahorradores y reembolsados a su vencimiento por los países emisores. Como ya resaltaba la pregunta, lo cierto es que no se ha avanzado gran cosa en estas direcciones, aun cuando el Instrumento Financiero Internacional para la Inmunización —aplicación  del último tipo de nuevo instrumento al que acabo de referirme—  lleva ya lanzado cinco años y ha cosechado cierto éxito.

En 2010,  el importe neto desembolsado (y no solo asignado) de ayudas públicas al desarrollo alcanzó la cifra de 128.700  millones de dólares, lo que equivale al 0,32% del producto interior bruto global de los países donantes. Se trata del nivel más elevado jamás alcanzado, con un incremento  del 6,5%  respecto a 2009.  Si se excluyen los fondos destinados a la condonación de la deuda (que no son flujos «nuevos») y las ayudas humanitarias, la ayuda bilateral destinada a programas y proyectos de desarrollo se incrementó en un 5,9%, con el componente de los préstamos al desarrollo que creció con mayor velocidad (el 13,2%). Con todo, un desembolso equivalente al 0,32%  del PIB constituye un resultado muy por debajo del porcentaje declarado de compromiso oficialmente declarado y reiterado, es decir  del 0,7%  del PIB de los países donantes.

Como las finanzas públicas para el desarrollo importan más por sus efectos cualitativos que por su entidad, conviene recordar también la dimensión cuantitativa de otras formas de financiación destina- das a los países en vías de desarrollo. Más de la mitad de las inversiones extranjeras directas (IED) mundiales de 2010  (¡se trata de 1.240.000  millones de dólares!) son absorbidas por países en vías de desarrollo: estamos hablando de cifras que quintuplican las financiaciones oficiales para el desarrollo. Los propios países en vías de desarrollo están invirtiendo en el extranjero y poniendo en marcha importantes procesos de cooperación económica Sur-Sur: en 2010,  nada menos que el 29%  de las IED mundiales se originaron en países en vías de desarrollo y en países en proceso de transición. Las IED destinadas a los 48 países de renta más baja fueron modestas; los mayores importes se destinaron a países africanos con gran disponibilidad de recursos naturales. Si examinamos, en cambio, el número de nuevas inversiones, prescindiendo de su importe, se detectan señales positivas: el 40% de las IED destinadas a los países más pobres pertenece al sector manufacturero, y el 16% al de servicios.

Por lo que respecta a los demás flujos financieros (préstamos, créditos comerciales) que vinculan a los países de antigua industrialización con los países de renta  baja,  se  da  la  paradoja  de  que  los  países «pobres» son, en realidad, financiadores netos de los países «ricos». Estos reciben recursos tanto por causa de movimientos financieros privados que se dirigen hacia mercados consolidados —preferidos  respecto a los sistemas financieros locales, frecuentemente rudimentarios y caracterizados por considerables riesgos políticos—  como debido a la acumulación prudencial de reservas oficiales por parte de los gobiernos de los países de renta baja, que desean retener actividades financieras denominadas en las principales monedas de relieve internacional (dólar, euro, yen). Una segunda paradoja atañe a las remesas de los trabajadores emigrados. Aunque la migración de trabajadores constituye la componente menos «liberalizada» de las formas de integración económica que caracterizan el proceso de globalización, sus remesas implican un flujo de recursos económicos hacia los países de procedencia cuyas dimensiones, a escala mundial, superan con creces los flujos internacionales de ayuda pública al desarrollo. Por ejemplo, en 2010, las remesas de los emigrantes que pasaron por canales oficia- les (¡o sea un subconjunto de las transferencias internacionales reales!) volvieron al nivel —anterior  a la crisis— de 325.000  millones de dólares, y el Banco Mundial prevé que sigan creciendo a un ritmo —elevado pero sostenible— del 7-8% anual.[5]

El conjunto que forman los dos elementos paradójicos —es  decir el fenómeno «macro» de la salida de ahorro nacional de los países de renta baja hacia los mercados financieros  avanzados y el fenómeno  «micro» de las remesas de los emigrantes—  configura una situación en la que, en conjunto, el ahorro de los países pobres (donde existen muchas necesidades que satisfacer, o sea muchas ocasiones potenciales de inversión productiva) afluye a los mercados financie- ros de los países de renta alta, mientras que los mismos pobres, por falta de ocasiones de trabajo in situ, se ven obligados a emigrar y a trabajar en los países de renta más elevada y a transferir renta mediante las remesas para poder sustentar a sus familias.

El papel de las remesas de los emigrantes en el des- arrollo merece, pues, subrayarse tanto por su relevancia cuantitativa como por la posibilidad concreta de que los migrantes —a menudo en colaboración con los gobiernos del país de procedencia y del país anfitrión, y también mediante la acción de organizaciones no gubernamentales—  participen en acciones directas de desarrollo  y de codesarrollo  (OCDE 2005). La pequeña escala según la cual suele concebirse la intervención de desarrollo y la cercanía objetiva entre el migrante y las personas destinatarias de las remesas sustentan la eficacia de la acción de desarrollo. En efecto, los destinatarios del flujo de remesas son, en primera instancia, los familiares, pero también las comunidades locales de procedencia del migrante (asociaciones de ciudad  natal, HTA), especialmente cuando la transferencia económica a la comunidad local por parte del migrante se ve automáticamente reforzada por una asignación de fondos por parte de las autoridades públicas (un ejemplo famoso es el programa  «Tres por uno» del gobierno mexicano). Un elemento que distingue claramente los flujos económicos relacionados con las remesas de muchos otros tipos de flujo es su estabilidad relativa: incluso duran- te la reciente crisis financiera, las remesas se han reducido en muy modesta medida. Hay que notar, no obstante, que mientras que el impacto positivo de las remesas en términos de reducción de la pobreza es muy relevante en situaciones en las que se experimentan dificultades de carácter transitorio, el efecto a largo plazo de la elección de emigrar y de sustentar mediante remesas la familia y/o la economía de procedencia sobre la reducción de la pobreza resulta menos  evidente, ya que las relaciones que se dan entre trabajo (fuga de cerebros), finanzas (remesas) y desarrollo a largo plazo son harto complejas.

dinero


Pese al avance económico en términos absolutos, siguen existiendo formas de pobreza extrema que causan la muerte por hambre de muchísimas personas. ¿Tiene alguna explicación económica esta absurdidad?

La tragedia del hambre es sobrecogedora. El Informe de 2010  de la FAO titulado  El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo. La inseguridad alimentaria en crisis prolongadas (Roma, 2010) estima el número de  personas  subnutridas  en  unos  925 millones  de personas —es  decir aproximadamente el 16% de la población de los países pobres—,  aun cuando se haya experimentado a escala mundial cierta recuperación económica tras la crisis financiera y la crisis de los precios de los productos agrícolas. La distribución geográfica del drama del hambre es, más o menos, la siguiente: 19 millones de personas padecen hambre en los países desarrollados; 37 en el Oriente Próximo y en el norte de África; 239 en el África subsahariana; 53 en Latinoamérica y en el Caribe, y nada menos que 578 en el área de Asia y del Pacífico. El crecimiento económico por sí solo, aun resultando siempre necesario, no parece que baste para eliminar el hambre, por lo menos en unos plazos aceptables.

Es el hambre una tragedia que tiende a autoperpetuarse. La malnutrición se acompaña de malas condiciones de salud, y por lo tanto de escasa capacidad de trabajo y baja productividad: la renta que se puede obtener resulta demasiado baja y no permite satisfacer de manera adecuada las necesidades primarias; a veces, ni siquiera las necesidades alimentarias. Además de la situación de hambre, existe otro fenómeno importante que hay que destacar, y es la vulnerabilidad que acompaña la vida diaria de familias que en condiciones normales a malas penas logran satisfacer sus exigencias primarias (casa, alimentación, educación de los hijos). Aparentemente, en este caso hay pobreza, pero no hambre; pero basta un acontecimiento negativo inesperado (una enfermedad, una sequía, o incluso el aumento repentino de los precios de los productos alimenticios) para que una situación ya «al límite» precipite en la trampa del hambre. Y por desgracia es mucho más fácil caer en la trampa del hambre que salir de ella.

Como se ve, no resulta difícil proporcionar explicaciones económicas de por qué el hambre existe y persiste. En resumidas cuentas: en la mayor parte de los casos de hambruna, el problema no es tanto la falta de disponibilidad de comida, sino la dificultad o la imposibilidad de acceder a ella por parte de las franjas más pobres y vulnerables de la población, por razones de renta y a veces también por razones de inadecuación de las infraestructuras agroalimentarias. Pueden aportarse muchos ejemplos que permiten comprender la importancia de determinadas infraestructuras elementales para garantizar la supervivencia gracias al acceso a una alimentación adecuada: desde el acceso al agua de riego a las vías de acceso a los mercados locales donde se puedan vender los productos sobrantes y comprar los productos alimentarios que no se producen in situ. El ejemplo más evi- dente es el del almacenamiento de los productos alimenticios obtenidos en una determinada cosecha, cosecha que, en las economías de subsistencia, es estacional y debe, pues, conservarse durante todos los meses que falten hasta la cosecha sucesiva. Si los espacios en los que se conserva el alimento no son adecuados, es fácil que las ratas se alimenten mejor y con mayor abundancia que los seres humanos. Raramente una familia pobre puede disponer de un espacio de conservación de su producto «a prueba de ratas», y un almacén local podría ser la única solución: una infraestructura al servicio del bien común y para la que se precisa, ante todo, una voluntad decidida de colaboración entre los miembros de la comunidad local, y a veces incluso una ayuda externa por parte de agencias de cooperación, ya sean locales o internacionales. Subrayo que la ayuda externa viene en segundo lugar, una vez tomada la decisión de colaborar, ya que nada puede durar si quien lo usa no lo cuida, si no lo siente de alguna manera «suyo» no solo como derecho, sino también como deber.

Hasta aquí, me he referido a los tres elementos principales de explicación económica del hambre a escala «micro»: los fenómenos de «causalidad circular acumulativa» (por emplear una poderosa expresión analítica de Gunnar Myrdal, uno de los padres del análisis de los procesos de desarrollo) que explican la «trampa» de la pobreza y del hambre; los fenómenos de incertidumbre y vulnerabilidad, que pueden llevar a poblaciones enteras de la pobreza al hambre auténtica; la inadecuación microinfraestructural, que solo puede superarse gracias a una voluntad real de cooperación y de asunción del bien común por parte de una colectividad, por muy pequeña que sea.

Existen sin embargo fenómenos «macro» que merecen recordarse al hablar de explicaciones económicas del hambre. Un fenómeno muy importante, de carácter macroeconómico y de ámbito mundial, es el de la evolución de los precios de los productos primarios, particularmente de los productos agrícolas que tienen una doble utilización (alimentaria y energética).

Los años inmediatamente  anteriores  al hundimiento de los valores de los títulos financieros (2007-2008) se caracterizaron por una evolución vertiginosamente creciente de los precios agrícolas, arrastrada por una pluralidad de concausas: la elevada demanda de productos  alimenticios  por  parte  de  países populosos que estaban alcanzando niveles de renta más altos y que empezaban a seguir una dieta más variada, incrementando la necesidad de productos agrícolas para alimentación animal; la demanda de cereales y de semillas oleaginosas no para uso alimentario, sino para la producción  de biocarburantes  (en el intento de reducir  las emisiones de CO2 a la atmósfera). A estas causas reales de subida de los precios agrícolas se les añadieron dinámicas relacionadas con el funcionamiento de los mercados financieros, especialmente el segmento de los contratos de derivados basados en el intercambio virtual de productos agrícolas. En estos mercados, la expectativa de subidas de precio futuras surte el efecto de incrementar de inmediato los precios en el mercado real. Con expectativas de precios crecientes, a los usuarios finales de un determinado producto agrícola (las empresas agroalimentarias)  les  interesa  «bloquear»  el  precio que pagarán por la futura entrega del producto. Se trata de una conducta prudente, pero que contribuye ciertamente a impulsar una subida de los precios de los contratos de futuros. El impulso a la subida se vuelve incontenible cuando, amén de la demanda de los agentes del sector, adquieren contratos de futuros basados en el precio de productos agrícolas también agentes financieros, no interesados en la entrega futura de producto alguno. Estos agentes participan en el mercado de futuros agrícolas por razones mera- mente financieras, con el único fin de lucrarse con la variabilidad  de los precios  agrícolas. Esta conducta no es ilícita, pero sí muy problemática desde el punto de vista ético, ya que la subida —aun temporal—  de los precios alimentarios precipita a las franjas vulnerables en la trampa del hambre.

Otros fenómenos macroeconómicos pueden tener importancia  a escala  nacional  o regional.  Piénsese, por ejemplo, en la reforma en sentido restrictivo del sistema de ayudas al consumo de productos alimenticios básicos que se ha llevado a cabo en Egipto y en otros países del norte de África. Esta reducción  de ayudas, motivada por razones de presupuestos públicos —es decir macroeconómicas—, no ha dejado de hacer más precarias las vidas de muchas personas.

Al final, sin embargo, no podemos conformarnos con una explicación económica —por plausible e articula- da que esta sea—  acerca del porqué de la tragedia del hambre. Quisiéramos disponer también de una perspectiva igualmente plausible y articulada de cómo salir, de manera sostenible, del hambre.

La consciencia de las causas, tanto próximas como remotas, del hambre se revela, con todo, utilísima para construir itinerarios de salida sostenible de la pobreza extrema y de la vulnerabilidad. Dichas causas difieren de uno a otro lugar y requieren una capacidad inteligente de hacerse cargo de las necesidades de los más pobres (un amor rico en inteligencia, como dice la Caritas in veritate, n.º 30). No hay respuestas omnicomprensivas, ni existen políticas concretas que, de manera no ambigua, puedan remediar una plaga que tiene el mismo rostro del individuo que padece hambre. Las propias ayudas alimentarias de emergencia —que ciertamente deben ser puestas a disposición de forma tempestiva y temporal—  pueden producir efectos contraproducentes a medio y largo plazo en los casos en que se crea dependencia. Ello sucede cuando, al disponerse de bienes alimentarios producidos en el extranjero, el precio de los productos alimenticios locales baja hasta el punto de que su producción no resulta ya conveniente. Una ayuda no ponderada correctamente puede, por lo tanto, poner las premisas para una sucesiva crisis alimentaria.

La salida de la trampa del hambre, a escala «micro», necesita una mano de fuera, pero no una mano anónima que se limite a dispensar mercancías, sino una mano que comparta y acompañe en la consolidación de redes locales de producción, de colaboración y de apoyo recíproco, en el seno de unas relaciones estables que sepan reconocer las luces y las sombras de su propia actividad. Es lo que el Magisterio indica lúcidamente  como el camino  a seguir: «El problema de la inseguridad alimentaria debe ser planteado en una perspectiva de largo plazo, eliminando las causas estructurales  que lo provocan y promoviendo el des- arrollo agrícola de los países más pobres mediante inversiones en infraestructuras rurales, sistemas de riego, transportes, organización de los mercados, formación y difusión de técnicas agrícolas apropiadas, capaces de utilizar del mejor modo los recursos humanos, naturales y socio-económicos,  que se puedan obtener preferiblemente en el propio lugar, para asegurar así también su sostenibilidad  a largo plazo. Todo eso ha de llevarse a cabo implicando a las comunidades locales» (Caritas in veritate, n.º 27).

Quisiera subrayar, en especial, que la cuota de los fondos de cooperación para el desarrollo destinada a la agricultura ha ido reduciéndose progresivamente a lo largo de los últimos decenios, mientras que resulta indispensable una reactivación de las infraestructuras agrícolas, de las tecnologías adecuadas, de la formación en el ámbito de la producción, de la comercialización y de la conservación de productos alimenticios. El momento actual, caracterizado por una creciente demanda procedente de los países de reciente industrialización, resulta muy favorable para la reactivación productiva en los países más pobres, frecuentemente caracterizados por terrenos fértiles y buen clima.

Por lo que a la dimensión macroeconómica  se refiere, no hay que subestimar la complejidad de una intervención en los mercados mundiales o —cosa aún más difícil—  en las políticas gubernamentales de Estados soberanos. Con todo, lo mínimo  es que se realice el esfuerzo —tanto  por parte de quienes toman las decisiones como por quienes informan  a la población de las decisiones y de las políticas y por cuantos estudian los fenómenos de la subnutrición y del hambre—,  cuando menos, de no perjudicar, evitando aquellas políticas que, directa o indirectamente, agravan el problema del hambre. La consciencia de la interdependencia y, por consiguiente, de los eventuales efectos no deseados de las propias decisiones sobre la supervivencia de los más pobres, es la primera forma de solidaridad y de responsabilidad política.

La presencia de China en África es cada día más invasiva. En su opinión, ¿se trata de una cooperación para el desarrollo o de un nuevo colonialismo?

La presencia económica de China en África es, en efecto, muy importante: China es un país inmenso, que ha crecido económicamente de manera formidable y que sigue creciendo según ritmos que nuestros países solo pueden recordar mirando a un pasado propio ya no reciente (los decenios de la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial y de la recuperación económica de la posguerra).

Una primera forma de relación económica entre China y África es de tipo comercial. El crecimiento económico de China necesita bienes de importación, sobre todo alimenticios y energéticos. África en general y algunos países africanos en especial, tienen por un lado la capacidad y por otro la necesidad de exportar sus producciones para elevar el nivel de la renta y de los consumos locales (luego ya la cuestión de cuánta parte de los rendimientos de las exportaciones de pro- ductos primarios se distribuya efectivamente entre la población cambia mucho de un país a otro). Resulta prácticamente natural que dos exigencias complementarias  coincidan.  África  suministra  el  35% del petróleo importado por China, y el comercio entre las dos partes se incrementó en un 39% durante 2010. Durante ese mismo año, las importaciones chinas procedentes de África rozaron los 70.000  millones de dólares, y las exportaciones chinas a África rondaron los 60.000  millones de dólares (fuente: The Economist, 20 de abril de 2011).

Una segunda e intensa relación atañe a la inversión directa china destinada sobre todo a algunos países (el Sudán en especial, desde 2004, aunque el ministro de Asuntos Exteriores chino fue el primero en visitar el Sudán del Sur a raíz de su independencia). Dicha inversión puede realizarse en cada ocasión bien en una gran empresa o en un «fondo soberano»; esta relación económica resulta particularmente importante  porque  compromete  a las partes  en una relación duradera. La presencia de los inverso- res chinos en África empezó por los sectores de mayor interés estratégico —con el sector energético a la cabeza—,  pero no se limita a este. La cuota de la inversión china en los sectores manufactureros, equivalente al 22% de su inversión total, ha alcanza- do ya la cuota de las inversiones en los sectores de extracción  (que  constituyen  el  29% del  total).  En estos últimos años, el sector de la construcción y de las infraestructuras es el más importante, y representa las tres cuartas partes de las nuevas inversiones chinas. Hoy en día, muchos países africanos disponen de carreteras, escuelas y hospitales construidos por empresas chinas y/o financiados gracias a sus exportaciones a China.

No hay que olvidar otros dos factores: por un lado, la inversión china lleva también emparejada una presencia masiva de trabajadores chinos en África; por otro, África no es el único continente en el que China invierte. Las inversiones chinas en el extranjero, durante el período 2005-2010,  recayeron, en un 13,8%, en el África subsahariana, y en un 16,5% en el Oriente Próximo y en el norte de África. ¡En el fondo, China ha invertido en un continente en el que pocos otros países han invertido!

Hasta qué punto este sistema de relaciones es cooperación para el desarrollo o una forma de neocolonialismo, es difícil decirlo. Ciertamente algo hay de ambas cosas. Hay explotación (medioambiental  y laboral), corrupción, obras de desarrollo en ruinas pocos años después de construidas: algo tristísimo y, por desgracia, déjà vu.

¡No se olvide que China ha llegado a África jactándose de no tener un pasado colonial! Mientras tanto, la reputación china en África ciertamente se ha resentido: son muchos los africanos que sostienen abierta- mente que las infraestructuras construidas por las empresas chinas son de escasísima calidad; que la corrupción se ha incrementado; que en las empresas chinas no se respetan los derechos y la incolumidad de los trabajadores, y así sucesivamente. China no acude, desde luego, a África como un país «donante» sin segundos fines: tiene muy claros sus intereses, incluso a medio y largo plazo. Al mismo tiempo, China se ve obligada hoy a negociar con gobiernos auténticos, algunos de los cuales —por  ejemplo, Angola— se han demostrado unos negociadores inmejorables. Las situaciones más problemáticas se registran, como es obvio, allí donde gobiernan dictadores africanos «amigos» de China.

Señalar con el dedo a China y sus métodos político- comerciales es algo bastante habitual en los países europeos; no se trata de una actitud inmotivada, pero —sin  necesidad de reabrir cuestiones referentes a la calidad de la presencia europea en África—  tal vez sería oportuno recordar que Europa, durante los últimos decenios, no ha mostrado ni la voluntad, ni la energía necesarias para hacerse cargo de la situación africana, problemática pero rica en oportunidades. Resulta casi inevitable que un agente de grandes dimensiones y en rápida expansión, con una larguísima y rica tradición  cultural,  llene el vacío (político y económico) dejado por Europa, un área geopolítica que va languideciendo y encerrándose en la defensa de su envidiable posición material, habiendo en cierto modo decidido romper el vínculo que la unía a su propia tradición milenaria de un humanismo abierto a lo trascendente, capaz de encuentro y de síntesis creativa con las más variadas culturas y tradiciones.

¡Deberíamos meditar adecuadamente sobre el hecho de que, cuando falta el sujeto, tampoco se logra valorizar los objetos materiales de la vida diaria, con inclusión de la producción y del comercio de bienes!

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[1] La profesora Simona Beretta enseña Política económica en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán. Es miembro  de la Junta Directiva de la Escuela Superior de Economía y Relaciones Internacionales   (ASERI) y de  la Junta Directiva del Centro Universitario para la Doctrina Social de la Iglesia de dicha universidad. Es consultora del Pontificio Consejo «Justicia  y Paz» y miembro  del Comité Científico del Observatorio Internacional Cardenal Van Thuân.

[2] W. Easterly, The white man’s bur- den. Why the West’s effort to aid the rest have done so much ill and so little good, The Penguin Press, Nueva York, 2006;  Moyo, D., Dead Aid: Why Aid Is Not Working and How There Is a Better Way for Africa, 2009 (trad. it. La carità che uccide. Come gli aiuti dell’Occidente stanno devastando il  Terzo  Mondo,   Rizzoli,  Milán 2010).

[3] D. Acemoglu, S. Johnson, J. Ro- binson, «Institutions as the Fun- damental Cause of Long-run Growth», en Aghion P., Durlauf S., Handbook of Economic Growth, Elsevier, Ámsterdam 2005.

[4] Agenda de Acción de Accra, III Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda, Accra, 2-4 de septiembre de 2008.

[5] World Bank, Migration and Deve- lopment  Brief,  n.º  16, mayo  de 2011.


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